Pensar en la militarización de la seguridad ciudadana en un gobierno socialista o “de izquierda” suena descabellado. Sin embargo, esas medidas se han tomado en algunos países de América que predican esa tendencia ideológica. 

• En Guatemala, el asunto toma vigencia luego que las autoridades del Gobierno de Semilla anunciaran el trabajo de las fuerzas combinadas —Policía Nacional Civil (PNC) y Ejército— para retomar el control en las calles y reducir los altos niveles de violencia.  

En perspectiva. El jueves 17 de octubre, Francisco Jiménez, titular del MINGOB, confirmó operativos combinados para control de la criminal. Luego de reconocer actos de impacto con altos niveles de violencia en las últimas semanas. Las acciones incluyen siete puestos de control en el área metropolitana, operativos y patrullajes —recorridos a pie y vehículos— en sectores con incidencia criminal y prisiones.  

• Desde este fin de semana empezaron a funcionar y se prevé continúen hasta diciembre. El trabajo del Ejército será apoyar a la PNC para que se garantice los derechos fundamentales de las personas, sus bienes y patrimonios del Estado.
• Horas después del anuncio, en redes sociales circuló el mensaje de Semilla que objeta, de nuevo, las posturas del partido. “Hay que exigir que el Ejército desaparezca, vuelva a los cuarteles […]”, detalla la publicación en la cuenta oficial de Semilla con fecha de 6 de agosto de 2015.
• Un informe del CIEN indica que de enero a agosto de 2024 se registraron 1809 homicidios. Durante el mismo periodo del año pasado los casos fueron 1926, es decir 117 menos. En abril, junio y agosto se incrementaron las muertes en hechos violentos, comparado con 2023. La mayor preocupación es que “[…] los incidentes han sido muy violentos y presumen de asociación al crimen organizado”.  

Voces. Expertos en Seguridad Ciudadana coinciden que la medida del MINGOB no es novedosa, desde el gobierno del expresidente Alfonso Portillo, el Ejército ha colaborado con la PNC.   

• Las acciones se incrementaron en la administración de Otto Pérez Molina —se fortalecieron las Fuerzas de Tarea— y fue con Jimmy Morales que los militares salieron de las calles. Muchos regresaron a los puntos fronterizos y cuarteles. Durante el gobierno de Alejandro Giammattei retornan las acciones enfocadas a dar acompañamiento a la PNC.
• “Las declaraciones de sacar al Ejército parecen más un discurso de oposición, una promesa de campaña y desconocimiento de los recursos del Estado; la medida no es la solución para retomar el control, pero tampoco se deben cerrar a usarla”, afirman.
• “No es lo mismo verla bailar, que bailar con ella. Muchas veces dicen que no haré esto, ni aquello. Pero al estar en el Gobierno se complica la situación, y es difícil no echar mano de los recursos. Por un tema ideológico y por la oposición que existía desde el inicio de este Gobierno, uno podría decir que no saben bien cómo se utilizan. No deberían ser tan categóricos”, aseveró Walter Menchú, analista del CIEN.  

Qué destacar. Los entrevistados indican que la medida no disminuye la violencia, lo que genera son efectos para disuadir a los criminales, la percepción de seguridad, por el respeto a los soldados.  

• “El Ejército no está capacitado para la seguridad ciudadana, ellos se preparan para defensa de las fronteras. Claro, si se acompaña de estrategias y otros programas, los resultados podrían ser positivos”, agregan.
• Urge fortalecer la Policía Nacional Civil (PNC), para generar confianza en la población. Insisten en la depuración constante, la formación de personal, estrategias despliegue en sectores de conflicto y programas de prevención.
• Hasta el 30 de septiembre el número de policías es de 41 332, es decir, 731 agentes más que el mismo periodo de 2023 (40 601). Las denuncias —violación, robo, secuestro, entre otros— contra los policías suman 2230 este año y durante 2023 fueron 1649.  

En conclusión. De nuevo, el partido de Gobierno se contradice con el discurso que profesaba desde 2015. Recurre a las fuerzas combinadas para contrarrestar la violencia en el país.  Las acciones se dan diez meses después que asumen en un ambiente de tensión, miedo y desconfianza por la criminalidad. (Republica.gt)