La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó este jueves de forma exprés la reforma al artículo 118 de la Constitución Política, que establece la destitución inmediata y sanciones contra los funcionarios públicos acusados de “mala administración” de los bienes y fondos estatales.

El nuevo texto constitucional dice: “Las y los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente y los nombrados por la Presidencia de la República, deberán cumplir, preservar y defender los Principios Fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado.

El incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia”.

La reforma al artículo 118 no solo legitima la remoción inmediata, sino que añade responsabilidad penal, intensificando la purga política al transformar despidos en potenciales procesos judiciales. Esta novedad establece un nuevo escalón en el terror institucional, al paso que las purgas dentro del orteguismo se consolidan como una herramienta de disciplinamiento interno.

Manoseo sin control: Tercera reforma en menos de un mes

La reforma al artículo 118 llega apenas un día después de que el oficialismo impusiera cambios al artículo 125 para establecer un doble mando en la Policía, y tres semanas después de la enmienda que creó la Procuraduría General de Justicia “Todos contra la corrupción”, que absorbió al Ministerio Público.

En menos de un mes, Ortega y Murillo han impulsado tres reformas constitucionales que centralizan el poder sobre las principales instituciones de control y represión del Estado.

Analistas advierten que esta reforma no está orientada a combatir la corrupción, como sostiene el oficialismo, sino a mantener a todos los funcionarios bajo permanente amenaza de destitución y persecución penal. Al no definir qué constituye “mala administración”, el concepto queda abierto a la discrecionalidad del régimen.

Con la Procuraduría de Justicia convertida en superpoder judicial y la Policía bajo doble mando presidencial, el cambio al artículo 118 completa un nuevo anillo de control absoluto del Ejecutivo, eliminando cualquier margen de autonomía dentro de la burocracia estatal.