El presidente Donald Trump elevó este jueves a la Corte Suprema su controvertida propuesta para eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un derecho garantizado por la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.

La iniciativa, impulsada desde el primer día de su segundo mandato mediante un decreto, busca restringir este beneficio cuando los padres del menor se encuentren en el país de manera ilegal.

El decreto, firmado por Trump y bloqueado previamente por cortes federales de distrito en Maryland, Massachusetts y Washington, fue presentado como una solicitud de emergencia ante el máximo tribunal por el Departamento de Justicia.

Sin embargo, la asesora jurídica interina de la administración, Sarah Harris, aclaró que la petición no busca un fallo definitivo sobre la constitucionalidad de la medida, sino limitar el alcance de las órdenes judiciales de primera instancia a los demandantes afectados, es decir, quienes recurrieron a la justicia.

Restricciones del decreto

La medida, que estaba programada para entrar en vigor el 19 de febrero, prohíbe al gobierno federal emitir pasaportes, certificados de ciudadanía u otros documentos oficiales a niños nacidos en EE.UU. cuyos padres no cumplan con ciertos criterios migratorios.

Esto incluye a hijos de madres en situación ilegal o temporal, así como a aquellos cuyos padres residan en el país con visas de estudiante, trabajo o turista, siempre que el padre no sea ciudadano estadounidense ni residente permanente.

Resistencia judicial y críticas

La política de Trump ha enfrentado una fuerte oposición en los tribunales, que han frenado varias de sus iniciativas migratorias y administrativas, incluyendo recortes presupuestarios y despidos masivos de funcionarios.

En un revés reciente, un juez de distrito en California ordenó este jueves a seis agencias federales readmitir a miles de trabajadores en período de prueba que habían sido despedidos.

Harris, en su escrito ante la Corte Suprema, denunció lo que calificó como una «epidemia» de fallos judiciales contra las acciones del Ejecutivo, argumentando que estas decisiones obstaculizan las funciones constitucionales del gobierno.

La administración Trump insiste en que su solicitud es «modesta» y necesaria para avanzar en su agenda de control migratorio.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento promete intensificarse, mientras la Corte Suprema evalúa si intervendrá en este polémico caso que pone en juego un pilar histórico del sistema legal estadounidense.