Los Ángeles, 31 de octubre de 2025 — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que no tiene intención de lanzar ataques militares contra Venezuela, en respuesta a crecientes especulaciones sobre el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe. La declaración fue emitida a bordo del Air Force One, donde Trump respondió con un rotundo “No” al ser consultado sobre posibles operaciones ofensivas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Despliegue militar y tensiones regionales

La negativa de Trump se produce en medio de un amplio despliegue militar en la región, que incluye ocho buques de guerra, aviones furtivos F-35 en Puerto Rico y un grupo de ataque de portaaviones en tránsito hacia el Caribe. Washington ha justificado estas maniobras como parte de una campaña para combatir el narcotráfico, iniciada en septiembre, que ha resultado en la destrucción de al menos 14 embarcaciones y un semisumergible, y la muerte de 62 presuntos narcotraficantes.

Además, bombarderos B-52 y B-1B han sobrevolado zonas cercanas a la costa venezolana en demostraciones de fuerza que han intensificado las tensiones diplomáticas. Caracas ha denunciado que EE. UU. conspira para derrocar al presidente Maduro y “fabricar una guerra”.

Reacciones y contexto político

La declaración de Trump busca desmentir versiones difundidas por medios y analistas que advertían sobre una posible intervención militar directa. El senador republicano Lindsey Graham había sugerido días atrás que el presidente planeaba informar al Congreso sobre operaciones terrestres en Venezuela y Colombia, como extensión de los ataques marítimos contra el narcotráfico.

Mientras tanto, el mercado petrolero reaccionó con volatilidad ante los rumores de conflicto, aunque los precios se estabilizaron tras la desmentida presidencial.

La Casa Blanca insiste en que las acciones militares están dirigidas exclusivamente a frenar el tráfico de drogas, considerado una amenaza directa a la seguridad nacional de EE. UU., especialmente por el impacto en jóvenes menores de 30 años. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado la legalidad de los ataques, calificándolos como ejecuciones extrajudiciales.