La reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que valida la reelección del presidente Nicolás Maduro, ha sido categóricamente rechazada por Estados Unidos, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, y diez países latinoamericanos. El fallo ha generado una ola de críticas por su falta de credibilidad y el alegado intento de convalidar resultados sin sustento.

Estados Unidos ha calificado el fallo del TSJ como «totalmente carente de credibilidad», afirmando que existe «abrumadora evidencia» de que Edmundo González Urrutia, candidato opositor, fue el verdadero ganador de los comicios del 28 de julio. El Departamento de Estado ha instado al chavismo y a la oposición a iniciar conversaciones sobre una transición política, subrayando que los intentos de reclamar fraudulentamente la victoria de Maduro solo exacerbarán la crisis. En un comunicado, Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado, señaló que «los continuos intentos de reclamar fraudulentamente la victoria de Maduro solo agravarán la crisis».

La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) también ha rechazado el fallo, subrayando la falta de transparencia en el proceso. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha publicado los resultados mesa por mesa, alegando un hackeo a su sistema, lo que ha sido cuestionado tanto por la oposición como por una misión de la ONU.

Los diez países latinoamericanos – Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay – han emitido un comunicado conjunto con Estados Unidos, rechazando la sentencia del TSJ. El comunicado denuncia que el fallo «pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral» y demanda una «auditoría imparcial e independiente de los votos» para garantizar el respeto a la voluntad popular.

Por su parte, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha manifestado que no se reconocerá el resultado mientras no se vea un «resultado verificable». En respuesta a la situación, el gobierno español ha pedido la publicación íntegra y verificable de las actas electorales.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha optado por esperar a que se publiquen las actas antes de reconocer la reelección de Maduro. López Obrador, junto con sus pares de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, había promovido una iniciativa para la negociación, aunque esta propuesta ha sido rechazada tanto por Maduro como por la oposición.

En contraste, los líderes de Cuba y Nicaragua, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega, han felicitado a Maduro por su reelección. Mientras tanto, Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en la clandestinidad, ha sido citado por la Fiscalía venezolana para una investigación penal, además de haber sido declarado en desacato por no comparecer ante el TSJ. La última vez que González apareció en público fue el 30 de julio, desde entonces ha estado comunicándose a través de redes sociales.

El TSJ, en su sentencia, no presentó detalles técnicos del peritaje electoral y ha solicitado al CNE publicar los resultados definitivos en la gaceta oficial, sin desglosar los resultados mesa por mesa. Esta falta de detalle ha suscitado preocupaciones entre juristas y observadores, quienes señalan que el TSJ ha tomado atribuciones que corresponden al CNE.

El excandidato opositor Enrique Márquez ha presentado un recurso para que la Sala Constitucional del TSJ revise la sentencia de la Sala Electoral, en un intento de cuestionar la legalidad del proceso y sus resultados.