A punto de cumplirse dos meses desde que estalló el escándalo conocido como “chequesol” o “chequevideo”, el Ministerio Público (MP) aún no ha emprendido acciones concretas contra los principales señalados: la diputada oficialista Isis Cuéllar y el exministro de Desarrollo Social José Carlos Cardona.

El caso salió a la luz tras la difusión de videos y documentos que evidenciaban el reparto irregular de cheques estatales con fines políticos y clientelistas. Las imágenes provocaron una fuerte indignación ciudadana al mostrar el uso discrecional de fondos públicos en beneficio de intereses particulares.

A pesar de la contundencia de las pruebas, que en un sistema judicial transparente habrían derivado en investigaciones inmediatas, la Fiscalía hondureña mantiene un silencio prolongado que ha despertado sospechas de encubrimiento y de una aplicación selectiva de la ley.

Diversos sectores sociales, gremiales y políticos han elevado su voz de protesta, exigiendo respuestas claras y acciones legales inmediatas. Según críticos, la impunidad en este tipo de casos no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que también normaliza el abuso de poder.

Con el país adentrándose en un proceso electoral decisivo, la falta de avances en el caso “chequevideo” envía un mensaje de tolerancia a la corrupción, lo que pone en riesgo la credibilidad del sistema democrático.

La demanda de la ciudadanía es puntual: que el Ministerio Público actúe, que se procese a los responsables y que se restituya la confianza en que la justicia es igual para todos.(rcv.hn)