El Poder Judicial anunció la apertura de una investigación interna luego de que el director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), general Ramiro Muñoz, denunciara que un juez dejó en libertad a un hombre detenido durante un operativo donde se incautó un importante arsenal y bienes vinculados al crimen organizado.

Según Muñoz, el sospechoso —identificado como José Paguada Gómez— recuperó su libertad pese a haber sido capturado con armas de uso prohibido, algunas equipadas con silenciadores. El jefe de la DLCN afirmó que la decisión judicial habría estado influenciada por presiones del crimen organizado.

🟣🗣️"Él (José Paguada Gómez) es una de las personas, no es el dueño principal de esto, pero a él se le encontró todas las armas de las imágenes; los bienes están incautados".

Ramiro Muñoz, director de DLCN.#TN5Estelar #EXCLUSIVA

EN VIVO: https://t.co/s6Yqk3iofP pic.twitter.com/dIysiHySSe

— TN5 (@TN5Telenoticias) April 8, 2026

 Investigación inmediata ordenada por la CSJ

El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que el recién juramentado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, instruyó a la Inspectoría General a iniciar una investigación urgente sobre el actuar del juez que otorgó medidas sustitutivas al detenido.

Duarte señaló que el caso ya está siendo documentado formalmente y que se implementará una supervisión permanente a nivel nacional para evaluar el desempeño de jueces y operadores de justicia, especialmente en procesos relacionados con estructuras criminales.

También recordó que el Ministerio Público cuenta con herramientas legales para impugnar la resolución emitida.

El operativo y la polémica liberación

La captura de Paguada Gómez ocurrió durante un operativo simultáneo en Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso, que dejó como resultado:

• 36 armas de fuego, varias de uso prohibido
• 129 bienes inmuebles asegurados
• Entre 80 y 90 vehículos
• 11 productos financieros

Pese a la magnitud del decomiso, el sospechoso fue beneficiado con medidas sustitutivas, entre ellas firmar semanalmente y pagar una fianza de 100 mil lempiras.

Para el general Muñoz, la decisión es incomprensible:

“Es un insulto para el pueblo hondureño que dejemos libre a alguien con este tipo de evidencia”, expresó con evidente molestia.

 Próximos pasos

La Inspectoría General deberá determinar si hubo irregularidades en la actuación del juez y, de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes. El caso también podría avanzar por la vía de impugnación si el Ministerio Público decide recurrir la resolución.