La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, denunció públicamente que las acusaciones formuladas por el Ministerio Público en su contra y otros consejeros siguen siendo una amenaza constante, que calificó como “una espada de Damocles” sobre sus cabezas.

López Osorio señaló que, aunque atenderán la citación pendiente del Ministerio Público, considera que estas acciones buscan interferir en la labor técnica del CNE, afectando directamente su autonomía.

“Está hablándose de que quieren decirnos cómo ejercer nuestras atribuciones. Esto es como si usted fuera al médico y, sin serlo, le dijera qué hacer. Eso es lo que ha sucedido: se aplica la fuerza desde otras entidades que buscan presionar al Consejo”, expresó.

La consejera, imputada en el proceso, denunció que el Ministerio Público ha dejado de investigar legítimamente y ha convertido el caso en una forma de intimidación y amenaza institucional.

“No somos tontos. Sabemos lo que quieren hacer: ejercer dominio sobre el Consejo Nacional Electoral”, afirmó.

Cossette López también criticó declaraciones del Fiscal General de la República, Johel Zelay, quien afirmó que «va a haber TREP pero de forma legal», en referencia al sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares.

Para la consejera, esa afirmación representa una intromisión directa en una decisión que corresponde exclusivamente al ámbito técnico del CNE. Señaló que la consejera Ana Paola Hall planteó la propuesta para el mecanismo de verificación y que, aunque no era la opción ideal, cumplía con la legalidad y buscaba generar consenso dentro del órgano electoral.

Intimidación y amenazas

Finalmente, López Osorio advirtió que actores externos mantienen activas vulnerabilidades técnicas y legales en el sistema electoral, las cuales pueden utilizar en cualquier momento para ejercer presión política sobre el CNE si no se garantiza su resolución con independencia.

“Las amenazas están ahí, listas para ser activadas. No se trata solo de investigar, sino de imponer control sobre una institución que debe ser autónoma por mandato constitucional”, concluyó.(rcv.hn)