Tegucigalpa, Honduras – [Fecha de la noticia]. Una acción del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha desatado una fuerte polémica en Honduras. Redondo ha ordenado la publicación en el diario oficial La Gaceta de tres contratos de préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de 190 millones de dólares, a pesar de que el acta correspondiente no ha sido ratificada por el pleno del Congreso. Esta medida, según denuncias de la oposición y expertos, viola el procedimiento legislativo establecido en la Constitución de la República.

Los acuerdos, firmados el 30 de diciembre de 2024 entre el Gobierno de Honduras y la CAF, detallan un financiamiento de 70 millones de dólares para el “Programa de Reinversión e Inversión Pública”, complementado por otros dos créditos que suman el resto de los fondos. La Gaceta indica que todos estos recursos están destinados a proyectos de infraestructura y fortalecimiento institucional.

El texto publicado en La Gaceta precisa que la Secretaría de Finanzas formalizó el acuerdo en representación del Estado hondureño. El documento fue suscrito por Maximiliano Ricardo Alonso, en representación de la CAF, actuando como prestamista internacional.

Denuncias de Ilegalidad y Riesgos Constitucionales

Sin embargo, la legalidad de esta publicación ha sido fuertemente cuestionada por legisladores de oposición y expertos en derecho constitucional. Argumentan que la publicación de los préstamos sin la aprobación del acta respectiva por parte del Congreso es un requisito indispensable para dar validez a cualquier votación o decisión legislativa.

«Esto constituye una clara violación al principio de legalidad y al debido proceso parlamentario. No se puede publicar un decreto si no ha sido debidamente ratificado por el pleno», advierten varios diputados de la oposición, señalando una posible contravención a la Carta Magna.

La decisión de Redondo ha generado una profunda preocupación en diversos sectores políticos y jurídicos del país. Se teme que este tipo de procedimientos arbitrarios no solo puedan llevar a la anulación de los contratos en el futuro, sino también a futuras sanciones por parte de organismos multilaterales, debido al incumplimiento de las normativas internas en el proceso de aprobación de deuda pública.