El proceso de reestructuración del aparato estatal comenzará a reflejarse en la salida de al menos 1,900 empleados públicos, quienes serán liquidados en un período estimado de 90 días, con el pago íntegro de sus prestaciones laborales, según confirmó el abogado Leonel Núñez, integrante de la Comisión Técnica Liquidadora.

La comisión ya fue juramentada y está habilitada para ejecutar el procedimiento administrativo correspondiente en las instituciones que fueron suprimidas mediante decreto ejecutivo, incluyendo dependencias adscritas a la Secretaría de la Presidencia.

Núñez explicó que los miembros del equipo se desplazarán a cada entidad para verificar el número exacto de trabajadores y garantizar que el proceso se realice respetando plenamente los derechos laborales. Asimismo, indicó que la comisión se dividirá en equipos para agilizar las labores en las distintas dependencias afectadas.

Comisión en funciones

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, tomó juramento a los integrantes de la Comisión Técnica Liquidadora, conformada por Ángel Antonio Mendoza Velásquez, Denisse Yamileth Rosales Rivera, Carlos Humberto Hernández Erazo, Leonel Núñez y Mario Celín Simón Perla.

Entre las responsabilidades del organismo figuran la liquidación administrativa y financiera de las instituciones cerradas, así como el traslado de los recursos presupuestarios necesarios para el pago de indemnizaciones.

Instituciones suprimidas e intervenidas

El decreto publicado en el diario oficial La Gaceta establece la supresión de varias entidades, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), la Secretaría de Planificación Estratégica, la Secretaría de Transparencia, el Programa Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos y la Red Solidaria.

Asimismo, otras instituciones serán objeto de intervención, incluyendo el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacit), el Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología e Innovación (IHCIETI), el Ferrocarril Nacional de Honduras, el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), el Instituto de Crédito Educativo (Educrédito) y el Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP) de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).