La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, se pronunció este miércoles sobre las investigaciones anunciadas por el Ministerio Público en torno a presuntas grabaciones que involucran a una consejera del organismo, reafirmando la protección constitucional que ampara a los miembros del ente electoral.

Hall recordó que el artículo 234 de la Constitución garantiza a los consejeros y consejeras del CNE el ejercicio pleno de sus funciones, sin interferencias ni acciones que vulneren sus facultades. “La prerrogativa garantista protege de cualquier acción tendiente a interrumpir funciones o a vulnerar facultades que corresponden al órgano electoral”, expresó.

La prerrogativa garantista del Artículo 234 constitucional, protege a los consejeros y consejeras de cualquier acción tendiente a interrumpir funciones o a vulnerar facultades que corresponden al órgano electoral. ¡El CNE es la autoridad electoral y debe respetarse el ejercicio…

— Ana Paola Hall (@APHall_CNE) October 29, 2025

La presidenta del CNE subrayó que el organismo es la autoridad electoral del país y que su labor debe ser respetada. “Hacer elecciones es nuestra función, y debe respetarse el ejercicio de nuestras competencias”, escribió en su cuenta oficial en redes sociales.

Contexto: audios y acusaciones

El pronunciamiento de Hall se da luego de que el fiscal general Johel Zelaya anunciara una investigación exhaustiva tras recibir audios entregados por el consejero Marlon Ochoa. Las grabaciones presuntamente evidencian una asociación ilícita entre una consejera propietaria del CNE, un diputado del Congreso Nacional y un militar activo.

Zelaya instruyó a las fiscalías especializadas en Transparencia, Defensa de la Constitución y Delitos Electorales para llevar a cabo las indagaciones.

La consejera Cossette López, señalada en los audios, ha denunciado públicamente que se trata de una “fabricación completa” y que los audios no corresponden a su voz ni a su forma de hablar. López advirtió que el caso representa una amenaza al Estado de derecho y pidió una investigación técnica e independiente.

El caso ha generado una ola de reacciones políticas, institucionales y sociales, en medio de un clima de creciente tensión entre los órganos electorales y el Ministerio Público.

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