La diputada Isis Cuéllar recibió arresto domiciliario para que se defienda en libertad, al igual como ocurrió con otros imputados.

Asimismo fue suspendida de su cargo como diputada del departamento de Copán y en su lugar deberá ser entregado su suplente.

La diputada se presentó hoy para la audiencia de imputado y defenderse de las acusaciones de fraude y utilizar cantidades millonarias que eran destinadas para ayuda social a través de la Secretaría de Desarrollo Social.

En total son unas 67 acusaciones por el delito de fraude que pesan sobre Cuéllar unas 11 personas más incluyendo al exministro de Sedesol , José Carlos Cardona.

🚨#BOMBAZO🚨| Fuertemente custodiada sale de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicias, Isis Cuellar. pic.twitter.com/xyzwvRjJB6

— Q'hubo TV Oficial (@Qhubotvoficial) February 5, 2026

El pasado miércoles, la diputada salió huyendo del Congreso Nacional donde estaba presente al enterarse que sobre ella pendía una orden de captura.

Isis Cuéllar fue señalada además por el exministro Cardona de ser amante de un miembro de la familia Zelaya y que debido a eso se sentía intocable.

⚖️🚨 CASO SEDESOL | MEDIDAS SOLICITADAS

Durante la audiencia de declaración de imputado, el Ministerio Público solicitó:

Detención judicial para los imputados vinculados al caso de corrupción “SEDESOL”.

Suspensión del cargo a la diputada Isis Cuéllar, mientras avanza la… pic.twitter.com/QX8LKFZNzp

— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) February 5, 2026

Otros implicados también comparecen

Junto a Cuéllar también se presentaron:

• Jennifer Martínez
• Rosy Martínez
• Luis Manuel Fernández
• Eliud Reinery Aguilar
• José Manuel Cerrato

Todos solicitaron su presentación voluntaria, informó el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

La investigación del Ministerio Público señala que los imputados habrían participado en una red que desvió cerca de seis millones de lempiras, mediante el cobro de cheques asignados a beneficiarios falsos o personas que no cumplían criterios de vulnerabilidad.

El expediente detalla que los fondos fueron canalizados sin respaldo técnico ni fiscalización adecuada, en un esquema que combinó decisiones políticas, discrecionalidad administrativa y fallas en los controles internos del Estado.