El diputado Ramón Barrios ha planteado la posibilidad de sustituir las reformas constitucionales exigidas por las Naciones Unidas para la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) por el mecanismo de querellante adhesivo.

Según Barrios, esto permitiría acompañar al Ministerio Público en los juzgados en lugar de realizar las reformas exigidas.

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En declaraciones recientes, Barrios reconoció que el 85% de las demandas de las Naciones Unidas para la creación y dirección de la CICIH pasan por el Congreso Nacional, que debe reformar leyes y abolir otras.

Las declaraciones del legislador surgieron luego de que el secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, indicara que las Naciones Unidas están retrasando la instalación de la CICIH con sus exigencias.

Durante su intervención en el programa «Frente a Frente» de Televicentro, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) admitió que ciertas reformas que exige el organismo mundial requieren modificar la Constitución, lo cual demanda 86 votos y su ratificación al año siguiente.

En este contexto, Barrios señaló que una de las exigencias de las Naciones Unidas es que, en caso de que la CICIH lleve a cabo investigaciones sobre corrupción y presente casos ante los tribunales, se requeriría modificar la Constitución, ya que actualmente es una competencia exclusiva asignada al Ministerio Público.

En este sentido, recordó la propuesta del exfiscal general Edmundo Orellana sobre el mecanismo del querellante adhesivo, el cual consiste en acompañar al Ministerio Público en los tribunales, aunque no tendría la posibilidad de actuar directamente.

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El diputado Barrios destacó que la aplicación del mecanismo de querellante adhesivo para una futura CICIH solo requeriría la aprobación de la ley, con 65 votos, y no sería necesaria su ratificación. Según él, esta alternativa sería más ágil y fortalecería institucionalmente al Ministerio Público.

Es importante mencionar que actualmente, el Ministerio Público está bajo el control del partido Libre, que logró inicialmente colocar a Johel Zelaya como fiscal general interino y posteriormente, en negociaciones con el resto de las fuerzas políticas, logró su elección plena con los 86 votos requeridos.