Violentando la Constitución de la República y sin el sustento jurídico para acogerse al decreto 04-2022, dos jueces extendieron sobreseimiento definitivo a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya denunciados por delitos que atentan contra el correcto funcionamiento de la administración pública.

Este abuso en la aplicación del denominado pacto de impunidad se detalla en el informe «Amnistía, la nueva inmunidad política que presenta el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).

En el contexto hondureño, la amnistía debería aplicarse exclusivamente a delitos políticos y comunes conexos, pero el CNA destaca que el Poder Legislativo aprobó indebidamente que esta figura se aplicará a delitos vinculados en temas de corrupción, esto ha beneficiado a ciertos individuos y, por ende, se ha debilitado la lucha contra la corrupción generando impunidad dentro del territorio nacional.

Los congresistas que promovieron la amnistía establecida en el decreto 04- 2022, a pesar de que esta vulnera la Constitución de la República, no enfrentan ningún tipo de responsabilidad legal debido a la inmunidad parlamentaria garantizada por medio del decreto 117-2019.

Sin embargo, los jueces que concedieron el beneficio de la amnistía están sujetos a responsabilidad penal por la aplicación de un instrumento jurídico que transgrede las disposiciones constitucionales, lo que plantea un desafío significativo para el sistema judicial y la rendición de cuentas en el país.

Dos casos emblemáticos de la amnistía otorgada por el decreto 04-2022 revelan su impacto en la justicia hondureña.

El 14 de febrero de 2022, Marcelo Antonio Chimirri Castro, condenado por enriquecimiento ilícito en 2017, logró la extinción de su responsabilidad penal bajo el argumento de que las acusaciones eran políticamente motivadas debido a su cercanía con el ex presidente Manuel Zelaya.

Este enfoque en la motivación política permitió que su condena quedara sin valor y efecto.

Perdonado

Posteriormente, el 22 de febrero de 2022, Enrique Alberto Flores Lanza, condenado por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, también recibió amnistía, resultando en un sobreseimiento definitivo y la cancelación de órdenes de captura en su contra.

Además, Flores Lanza fue beneficiado en otros tres expedientes relacionados con delitos contra la administración pública, subrayando la amplia aplicación de la amnistía.

Denuncia

El CNA denunció a un juez de letras de lo penal y a un segundo juez de ejecución por suponerlos responsables del delito de prevaricato judicial, subrayando así la grave afectación a la administración de justicia.