CNA denuncia millonario desfalco de 103 millones en Gobernación y Justicia


El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes un nuevo caso de corrupción que sacude a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, señalando directamente al ministro Tomás Vaquero como uno de los principales responsables de un esquema que drenó más de 103 millones de lempiras del erario público.

Corrupción estructurada y clientelismo político

Durante una conferencia de prensa, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, denunció que se ejecutó una “operación amañada” para beneficiar a familiares y allegados mediante contratos irregulares, sin aplicar controles internos que impidieran el desvío de fondos. “Esto no fue un error, fue un acto deliberado que abrió la puerta al oportunismo y la impunidad”, afirmó.

Castellanos también criticó la decisión del ministro Vaquero de permitir que el Poder Legislativo administrara fondos que constitucionalmente corresponden al Poder Ejecutivo, lo que facilitó un esquema de clientelismo político. Según la investigación, diputados promovieron iniciativas para que organizaciones no gubernamentales (ONGs) recibieran fondos mediante solicitudes ficticias que aparentaban legalidad.

El monto del perjuicio

Luis Urbina, jefe de la unidad de investigaciones del CNA, detalló que el perjuicio económico asciende a 103,387,277 lempiras. Entre los señalados figuran:

NombreCargoDelitos imputados
Tomás VaqueroMinistro de GobernaciónAdministración desleal del patrimonio público, violación de los deberes de los funcionarios
Jackeline Lizzette Pinto DubónExgerente administrativaViolación de deberes, negociaciones incompatibles, fraude

Red de corrupción familiar y empresarial

La investigación revela que entre 2022 y 2023, la Secretaría facilitó la asignación de fondos a ONGs seleccionadas por diputados. Pinto Dubón tenía vínculos con seis organizaciones beneficiadas, y su esposo fungía como apoderado legal de varias de ellas. Además, su cuñada aparece como miembro de juntas directivas de ONGs que ejecutaron proyectos.

Estas organizaciones realizaban contrataciones privadas mediante invitaciones directas a oferentes previamente seleccionados, lo que permitió ampliar la red de corrupción. Las empresas y contratistas individuales eran invitados estratégicamente para asegurar que los proyectos fueran adjudicados a miembros del esquema.

Compras menores también fueron manipuladas

El CNA concluyó que este esquema no solo afectó grandes proyectos, sino que también fue utilizado para manipular compras menores dentro de la Secretaría de Gobernación, consolidando así una red de corrupción institucionalizada.

Este nuevo caso pone en evidencia las debilidades del sistema de control estatal y la urgencia de reformas profundas para frenar el saqueo de los recursos públicos.


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