El Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), obtiene sentencia condenatoria en contra de ocho agentes y oficiales de la Policía Nacional, acusados de cobrar sobornos a ganaderos en la zona sur de Honduras.

Los ahora sentenciados por el delito de cohecho responden a los nombres de José Elías Bustillo Carias, José Alex Castellanos Miranda, Sergio Hernán Baquedano Mejía, Juan José Hernández Flores, Maryon Mohamed Ibarra Sánchez, MileydiEdinora Moreno Dávila, Geovany Ponce y José Rolando Chávez Soler.

Según la investigación, dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la UF-ADPOL y practicada por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) asignados a esa unidad, se establece que entre los años 2012-2015, miembros de la policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.

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De acuerdo a la pesquisa del Ministerio Público, los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, mismo que se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (AGACH).

Para realizar esta conducta y a partir de la designación del comisionado Lorgio Oquelí Mejía Tinoco como jefe (también acusado por el equipo fiscal), se conformó una estructura criminal, de la que eran parte miembros de la Unidad Departamental de Prevención (UDEP) y de la Dirección de Servicios Especial de Investigación (DNSEI).

Dentro del requerimiento fiscal interpuesto por la vía penal por la UF-ADPOL figura también la exesposa de comisionado Mejía Tinoco, Denisse Yamileth Morales, quien fue condenada en febrero de 2021 por lavado de activos y para quien se ordenó el comiso de siete cuentas bancarias a su nombre.

El cohecho, también conocido como soborno, consiste en recibir, solicitar o aceptar, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo, por tanto, los expolicías se enfrentan a una pena de 5 a 7 años de cárcel.