Sección 353 Informe de actores corruptos y antidemocráticos

Informe al Congreso sobre personas extranjeras que han participado a sabiendas en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 22 USC 2277a(b): Sanciones específicas para combatir la corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

De conformidad con la Sección 353(b) de la Ley de Participación Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos (22 U.S.C. 2277a(b)) (la Ley), según enmendada, este informe se presenta al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y al Comité Judicial del Senado.

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El artículo 353(b) requiere la presentación de un informe que identifique a las siguientes personas: personas extranjeras que el Presidente haya determinado que han participado a sabiendas (1) en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas; (2) en corrupción significativa; y (3) en la obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción, en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, incluyendo lo siguiente: corrupción relacionada con contratos gubernamentales; soborno y extorsión; la facilitación o transferencia del producto de la corrupción, incluso mediante el blanqueo de capitales; y actos de violencia, acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales. El 21 de junio de 2021, el Presidente delegó su autoridad bajo la Sección 353 al Secretario de Estado.

Bajo la Sección 353, las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso generalmente no son elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos. Cualquier visa actual será revocada inmediatamente, y cualquier otra visa válida o documentación de entrada cancelada. De acuerdo con la Sección 353(g), este informe se publicará en el Registro Federal.

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Este informe incluye a personas que se ha determinado que han participado en la actividad pertinente sobre la base de información creíble o alegaciones de la conducta en cuestión, de informes de los medios de comunicación y otras fuentes. El Departamento continuará revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Departamento también continúa revisando información y denuncias creíbles adicionales sobre corrupción o actividades antidemocráticas y utilizando todas las autoridades aplicables, según corresponda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue refugio en los Estados Unidos.

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El Salvador

José Miguel «Mecafe» Antonio Menéndez Avelar, ex presidente del Centro de Ferias y Convenciones, se involucró en una corrupción significativa al dirigir un contrato del Ministerio de Obras Públicas de $ 8.4 millones para la construcción de un puente en el departamento de Chalatenango, El Salvador, a un empresario guatemalteco. A cambio, Menéndez recibió ilegalmente un pequeño avión, un Beechcraft King Air 90, como regalo.

Carlos Alberto Ortiz, ex presidente del Banco Hipotecario, un banco estatal, se involucró en una corrupción significativa al lavar $ 97 millones a cambio de $ 72,000 en sobornos.

Carlos Enrique Cruz Arana, ex vicepresidente del Banco Hipotecario, un banco estatal, se involucró en una corrupción significativa al lavar $ 94.5 millones a cambio de $ 64,500 en sobornos.

Jolman Alexander Ayala, ex oficial de cumplimiento del Banco Hipotecario, un banco estatal, participó en una corrupción significativa al lavar $ 177 millones a cambio de $ 78,000 en sobornos.

Carlos Mauricio Funes Cartagena, ex presidente de El Salvador, se involucró en una corrupción significativa al orquestar y participar en varios esquemas que involucraban soborno, malversación y lavado de dinero mientras era presidente, robando cientos de millones de dólares de las arcas estatales.

Salvador Sánchez Cerén, ex presidente y vicepresidente de El Salvador, se involucró en una corrupción significativa al lavar dinero durante su mandato como vicepresidente, recibiendo personalmente más de $ 1.3 millones en fondos públicos a cambio, y participó en un plan para desviar $ 183 millones en fondos públicos de las cuentas públicas y la supervisión a cuentas personales mientras se desempeñaba como presidente.

Guatemala

Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, actual fiscal, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y motivados políticamente contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.

Edgar Humberto Navarro Castro, ex presidente del administrador del mercado mayorista de energía de Guatemala, se involucró en una corrupción significativa al proporcionar beneficios oficiales a cambio de sobornos y comisiones ilícitas, a expensas de mejorar la eficiencia energética y tomar medidas efectivas contra el cambio climático.

Fredy Raúl Orellana Letona, actual juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales infundados y políticamente motivados contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.

Gendri Rocael Reyes Mazariegos, ex ministro del Interior, participó en una corrupción significativa.

Joviel Acevedo Ayala, el actual jefe del Sindicato Guatemalteco de Trabajadores de la Educación (STEG), participó en una corrupción significativa al proporcionar el apoyo político de STEG a cambio de sobornos de funcionarios públicos.

Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, actual juez, socavó procesos o instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.

Lesther Castellanos Rodas, ex juez y actual Relator Guatemalteco contra la Tortura, socavó los procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.

Melvin Quijivix Vega, el actual presidente del Instituto Nacional de Electrificación, se involucró en una corrupción significativa al usar su posición y conexiones para dirigir indebida e ilegalmente contratos de contratación pública a compañías específicas, en varios casos a una compañía de propiedad privada.

Omar Ricardo Barrios Osorio, actual presidente de la junta directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.

Walter Ramiro Mazariegos Biolis, rector de la Universidad de San Carlos, socavó procesos o instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 luego de un proceso de selección fraudulento.

Honduras

Alex Alberto Moraes Girón, ex gerente administrativo de la empresa estatal Strategic Investment of Honduras, participó en una corrupción significativa al malversar fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, incluso al defraudar al gobierno hondureño de aproximadamente $ 1.6 millones destinados a máscaras faciales para uso del personal médico.

Alexander López Orellana, el actual alcalde de El Progreso y secretario general del Consejo Ejecutivo Central del Partido Liberal, se involucró en una corrupción significativa al otorgar indebidamente contratos municipales multimillonarios a sus aliados políticos.

Edna Yolany Batres Cruz, ex ministra de salud, se involucró en una corrupción significativa cuando defraudó al gobierno hondureño por más de $ 300,000 al coludir con funcionarios del Ministerio de Salud y empresarios del sector privado para otorgar contratos gubernamentales indebidamente.

Jesús Arturo Mejía Arita, ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE), participó en una corrupción significativa al otorgar contratos no competitivos o sobrevalorados para la generación de electricidad y otros servicios relacionados con la energía a cambio de sobornos, y al facilitar esquemas corruptos relacionados con la contratación y el despido de empleados de la ENEE a cambio de sobornos.

Marcelo Antonio Chimirri Castro, ex director de la Compañía Hondureña de Telecomunicaciones, se involucró en una corrupción significativa al cometer fraude para mantener indebidamente un acuerdo de telecomunicaciones a cambio de sobornos y obstruyó las investigaciones sobre sus actos corruptos intimidando a periodistas.

Miguel Rodrigo Pastor Mejía, ex director de la ahora extinta Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, participó en una corrupción significativa, lavando dinero en nombre de la organización narcotraficante Los Cachiros, al otorgar $2,76 millones en contratos del gobierno hondureño a una empresa constructora controlada por Los Cachiros.

Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, ex ministro de infraestructura y servicios públicos, ex ministro de energía y ex asesor presidencial del presidente Juan Orlando Hernández, participó en una corrupción significativa al malversar fondos estatales a través de la sobrevaluación de proyectos de obras públicas.

Samuel García Salgado, actual miembro del Congreso Nacional de Honduras por el Partido Liberal, socavó los procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de las elecciones de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político.

Víctor Elías Bendeck Ramírez, un empresario privado y ex miembro del Parlamento Centroamericano, participó en una corrupción significativa a través de una serie de actividades comerciales fraudulentas en la banca, bienes raíces y otros sectores y mediante el uso de su influencia con funcionarios del gobierno para su beneficio personal.

Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, el actual presidente del Partido Liberal en Honduras, socavó los procesos o instituciones democráticas al manipular el resultado de la elección de la Corte Suprema de Justicia en 2023 para su beneficio personal y político. Rosenthal también usó su influencia con funcionarios del gobierno para escapar de la responsabilidad por aparentes violaciones de la ley hondureña por parte de su compañía de cable familiar.

Nicaragua

Wendy Carolina Morales Urbina, la actual fiscal general de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas, utilizando la oficina del fiscal general para facilitar una campaña coordinada para reprimir la disidencia, confiscando propiedades de los opositores políticos del gobierno sin una base legal. Urbina también ha confiscado propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales bajo leyes explícitamente diseñadas para reprimir la libertad de asociación.

Arling Patricia Alonso Gómez, la actual primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.

Gladis de los Ángeles Báez, la actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.

Loria Raquel Dixon Brautigam, la actual primera secretaria de la Asamblea Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.

Alejandro Mejía Ferreti, el actual tercer secretario de la Asamblea Nacional, socavó los procesos e instituciones democráticas al participar en represalias coordinadas del gobierno para despojar de la ciudadanía nicaragüense a opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.

Rosa Argentina Solís Dávila, jueza de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña coordinada del gobierno para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.

Ángela Dávila Navarrete, actual jueza de la Corte de Apelaciones en lo Penal de Managua, socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar la corte de apelaciones para facilitar una campaña coordinada del gobierno para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia al despojar de la ciudadanía nicaragüense a los opositores políticos y críticos del régimen Ortega-Murillo.

Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la unidad de delitos financieros del gobierno nicaragüense, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.

Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF, socavó procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia, utilizando su posición para facilitar la incautación de activos de 94 disidentes políticos en el exilio y 222 ex presos políticos, sin ninguna base legal.

Valeria Maritza Halleslevens Centeno, actual directora de la Dirección Nacional de Oficinas del Registro de la Propiedad (DNR), socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.

Eduardo Celestino Ortega Roa, actual subdirector de la DNR, socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar un esfuerzo coordinado del gobierno para confiscar la propiedad de los opositores políticos.

Marta Mayela Díaz Ortiz, actual vicesuperintendente de bancos y otras instituciones financieras (SIBOIF), socavó los procesos o instituciones democráticas al utilizar el SIBOIF para proporcionar información financiera de disidentes políticos en el exilio y ex presos políticos a funcionarios del poder judicial nicaragüense como parte de un esfuerzo coordinado del gobierno para reprimir la disidencia mediante la incautación de los activos de adversarios políticos sin una base legal.

Sagrario de Fatima Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, socavó los procesos o instituciones democráticas al usar su posición e influencia para facilitar una campaña gubernamental coordinada y políticamente motivada para terminar y confiscar las pensiones de adversarios políticos sin una base legal.