El Congreso Nacional aprobó en único debate y con dispensa de trámite una reforma que reduce las facultades administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Raquel Obando, y traslada esas atribuciones al pleno de magistrados, que a partir de ahora actuará de manera colegiada en decisiones clave del Poder Judicial.

La iniciativa recibió el respaldo de más de 86 diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal, cuyos promotores aseguraron que la medida permitirá auditar el funcionamiento del Poder Judicial y evitar que sea utilizado como “operador de justicia para fines ideológicos y políticos”.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el mensaje del Legislativo es directo: “Vamos a auditar su funcionamiento, vamos a auditar su accionar, vamos a supervisar todo lo que ellos emprendan desde el cargo”.

Cambios aprobados

La reforma establece que, mientras se eligen los miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, será el pleno de magistrados quien asuma las facultades de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar y permutar a jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo.

Para los procesos disciplinarios y eventuales despidos, el pleno deberá aprobar un mecanismo que garantice que al menos tres magistrados propietarios conozcan cada caso.Aunque la presidencia de la CSJ conservará algunas funciones administrativas, estas solo podrán ejercerse previa aprobación del Plan Operativo Anual por el pleno y con informes trimestrales obligatorios.

Las decisiones serán válidas únicamente con el voto favorable de la mitad más uno de los magistrados.

Reacciones y cuestionamientos.

El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Fabricio Sandoval, presentó una moción de orden para detener la discusión, pero fue rechazada por el hemiciclo.

Sandoval denunció que el decreto constituye un “golpe de Estado” al Poder Judicial, al considerar que la reforma requiere un procedimiento constitucional y no una simple modificación legal.

Señaló que la medida responde a intereses partidarios y busca someter la institucionalidad a un control político.

El legislador exigió la creación de una comisión del Congreso para reunirse con el pleno de magistrados y avanzar en la conformación del Consejo de la Judicatura, pendiente desde hace más de una década.

Antecedentes y justificación legislativa

Zambrano recordó que el decreto 05‑2011 creó el Consejo de la Judicatura, órgano que debía administrar el personal y los recursos del Poder Judicial.

Sin embargo, explicó que, por “temas políticos”, el Consejo fue declarado inconstitucional, lo que reactivó una norma transitoria que otorgó temporalmente esas facultades a la presidencia de la CSJ.

Aclaró que la reforma aprobada no es de carácter constitucional, sino una adecuación legal mientras se instala el nuevo Consejo de la Judicatura.

Comisión especial

El Congreso nombró una comisión especial encargada de reunirse con el pleno de magistrados para socializar y elaborar la nueva Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial.

La integran: Mario Pérez (presidente), Francis Cabrera (subpresidente), Sara Zavala (secretaria), Alex Zorto, David Manaiza, Godofredo Fajardo, Remberto Zavala, Cárlenton Dávila, Mario Portillo, Luz Ernestina Mejía y Lenin Valeriano.