Tegucigalpa, 31 de octubre de 2025 — La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, se presentó este viernes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer una querella contra su compañero de pleno, Marlon Ochoa, a quien acusa de boicotear el trabajo institucional y el proceso electoral en curso.

López, acompañada por su equipo legal, denunció que Ochoa y su personal dentro del CNE han obstaculizado medidas técnicas de transparencia, tergiversado procedimientos y promovido campañas de desprestigio contra ella y otros funcionarios. También señaló a algunos ministros del gobierno por “falsificar la verdad” en torno a decisiones administrativas del órgano electoral.

“Quien pasa boicoteando los procesos es usted, Marlon Ochoa, y se enojan porque queríamos instalar el data center en un lugar sin baterías de repuesto ni generadores”, declaró López ante medios de comunicación en la sede judicial.

Entre las acusaciones, López mencionó que propuso el uso de cintas de seguridad para el transporte de actas, pero que el personal vinculado a Ochoa tergiversó la iniciativa y la presentó como una maniobra fraudulenta. También denunció que se han realizado publicaciones en contra del equipo técnico del CNE, promovidas desde el entorno de Ochoa.

La consejera recordó que en las elecciones primarias, el presidenciable Salvador Nasralla perdió más de 20 mil votos, y que Ochoa se opuso a convalidarlos, acusándola a ella y a Ana Paola Hall de favorecer al candidato liberal. Según López, Nasralla optó por no reclamar los votos para evitar mayor conflicto interno.

“Cada medida de transparencia que propongo, Ochoa la convierte en instrumento de boicot. No quieren cintas de seguridad, no quieren GPS, lo hacen a la fuerza porque boicotean el proceso. Son amigos de las empresas de transporte”, exclamó.

Consultada sobre el rechazo a la inscripción de Jorge Cálix y Cristian Villalobos, López afirmó que esas decisiones corresponden a órganos jurisdiccionales y no están bajo atribuciones del CNE. Acusó a Ochoa de intentar coaccionarla públicamente para que invada competencias ajenas y se niegue a inscribir a los candidatos.

Además, denunció hostigamiento por parte del gobierno, al que acusó de sentirse “orgulloso de la comisión de un delito” y de persistir en resoluciones que vulneran su independencia. Advirtió que podría activarse una campaña de difamación en su contra desde el Foro de Sao Paulo, con el objetivo de desviar la atención mediática y boicotear las elecciones generales.

Finalmente, López no descartó interponer una denuncia contra el fiscal general Johel Antonio Zelaya por el presunto delito de difamación y calumnias públicas.

“Yo voy a seguir comportándome dentro del marco de la ley. Lamento el nivel de poder que ellos tienen”, concluyó.