Tegucigalpa, Honduras. A menos de un mes de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta una grave crisis logística tras el retiro de la empresa Latin Cargo S.A. del proceso de licitación para el transporte del material electoral, lo que ha despertado alarma entre analistas, sectores civiles y actores políticos ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman esa función.

La compañía aduanera y naviera se retiró del proceso luego de no recibir respuesta a sus condiciones contractuales, entre ellas un anticipo del 50%, garantías de veeduría social, no interferencia política y que el contrato fuese directamente con el CNE, sin intermediación militar.

“Las Fuerzas Armadas no tienen toda la flota necesaria para mover el equipo electoral. Si se recurre a la flotilla del Estado, manejada por un partido político, la preocupación es mayor”, advirtió Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Coalición Patriótica, en declaraciones a TN5 Estelar.

Señalamientos de interferencia política

El presidente de la Confraternidad Evangélica, Gerardo Irías, denunció presuntas maniobras políticas detrás del retiro de Latin Cargo, calificando sus condiciones como “justas” ante la desconfianza generada por el caos logístico en las elecciones primarias del 9 de marzo, cuando las maletas electorales circularon sin control por Tegucigalpa.

Por su parte, el candidato presidencial liberal Salvador Nasralla acusó al consejero Marlon Ochoa, del partido Libre, de haber “dilatado los tiempos por órdenes de Rixi Moncada” para dejar sin margen de reacción al CNE y facilitar el control militar del proceso.

Reacciones institucionales

La exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos, calificó de “extraña” la salida de Latin Cargo y de “totalmente improcedente” la propuesta de que las Fuerzas Armadas asuman el traslado del material electoral.

“A las 3:30 de la tarde del miércoles se nos informó que estaban cerca de un acuerdo con la empresa de transporte, y dos horas después se anunció el retiro”, relató Castellanos, refiriéndose a una reunión con la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Castellanos instó al pleno del CNE a retomar el diálogo directo con la empresa y asumir su responsabilidad institucional: “El país no puede seguir en esta incertidumbre por intereses presuntamente políticos. El CNE debe resolverlo de inmediato”.

La adjudicación del contrato debió realizarse el 4 de noviembre, y cada día sin resolución aumenta el riesgo de que el proceso electoral quede bajo control militar, una medida que diversos sectores consideran incompatible con la transparencia y autonomía que exige el proceso democrático.