El Observatorio Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ha revelado que ha atendido alrededor de 500 quejas contra agentes del orden en el marco del estado de excepción, debido a presuntas violaciones a los derechos humanos.

Según el Conadeh, las quejas fueron presentadas por víctimas de presuntos abusos por parte de agentes de la Policía Nacional Preventiva (PNP), la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y la Policía Militar del Orden Público.

Las denuncias señalan el uso desproporcionado de la fuerza durante allanamientos sin orden judicial, daños a la propiedad privada, incriminación sin pruebas suficientes o con pruebas aparentemente falsas.

El director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, Daniel Cáceres, afirmó que estas denuncias revelan un patrón de infracción a la ley, especialmente durante intervenciones policiales en hogares durante la noche o madrugada, donde se señala que se implantan pruebas a las personas detenidas.

Ante esta situación, el Conadeh ha recomendado la suspensión o eliminación del estado de excepción, y la adopción de una política de seguridad ciudadana que ejerza un control efectivo sobre las acciones policiales.

Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de una Política Integral enfocada en seguridad ciudadana, así como un enfoque de género en el caso del estado de excepción, dado que el uso desproporcionado de la fuerza afecta especialmente a mujeres, niñas y adolescentes.

El Conadeh identificó casos donde se realizaron allanamientos sin orden judicial y se identificaron a menores de edad como víctimas de violencia física, psicológica y moral, así como quejas sobre la pérdida de objetos personales durante estos procedimientos.

El organismo concluye que la ampliación temporal y territorial del estado de excepción debe detenerse, ya que va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. En cambio, aboga por una política de seguridad integral que respete los derechos humanos y se enfoque en la seguridad ciudadana.

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