Un presunto y nuevo escándalo de corrupción ha salido a la luz con la reciente firma de un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Ministra de Salud, Carla Paredes, y el Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada.

Según las denuncias, este acuerdo contiene vicios de nulidad, debido a que busca promover las compras directas, siendo una completa violación a la Constitución de la República, Ley de Contratación del Estado y Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos.

El convenio establece que la ENAG proporcionará a la Secretaría de Salud (SESAL) servicios de edición, impresión y publicación de artes gráficas, una transacción que, según la Ley de Contratación del Estado, debe gestionarse mediante licitaciones públicas o privadas, ya que la ENAG debe probar su eficacia, precios y calidad bajo las leyes del Estado que le faculta a participar en todos los procesos de su competencia y no con estudios de mercado como dicta el convenio que suscribieron ambas entidades.

Fernando Gonzáles, reconocido profesional del derecho y analista nacional detalló que los delitos en los que incurrirían los funcionarios de la SESAL y de la ENAG con estas ilegalidades son de tipo penal, además que esto también estaría llevándose de encuentro a los funcionarios de bandos intermedios como gerentes administrativos y oficiales de compra.

Este pacto entre la SESAL y la ENAG se critica además por su potencial efecto monopolístico y su contradicción con la preferencia que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República otorga a proveedores locales y pequeñas empresas, además que la Ley de Presupuesto ya regula la participación de la ENAG en los procesos de compra del Estado.

Asimismo, el convenio incluye cláusulas de confidencialidad que, de acuerdo a los expertos, violan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual el gobierno actual ha promovido. En este sentido, la implementación del mismo implicaría sanciones penales para los funcionarios públicos involucrados.

Ante estos hechos, abogados constitucionalistas han denunciado la arbitrariedad e ilegalidad del convenio, advirtiendo que se generarían acciones legales contra los firmantes así como a los funcionarios de mando intermedio que ejecuten este tipo de procesos, como los oficiales de compras. Esta situación atenta contra el principio de supremacía de ley en Honduras.

Gonzales expresó que “La Ley de Contratación del Estado ya emana y enuncia como es la situación que se tiene que llevar a cabo para adquirir un bien o servicio y en este caso se burla”.

Lamentó que el convenio “está lleno de ilegalidad y quieren hacerlo revertir de legalidad ya que no llena los requisitos condicionales de la Ley de Contratación del Estado con su respectivo reglamento”, por lo que, “debería en este caso la Fiscalía correspondiente o el Ministerio Público investigar de oficio”.

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