Tegucigalpa, 16 de octubre de 2025 — La entrega del Bono de Alivio Climático por parte del Gobierno hondureño ha desatado una ola de críticas y denuncias por presunto uso electoral de fondos públicos. Diversos sectores señalan que el subsidio, destinado originalmente a personas afectadas por desastres naturales, está siendo instrumentalizado para favorecer la candidatura presidencial de Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre).

En múltiples puntos de distribución del bono —que oscila entre 3,000 y 7,000 lempiras por beneficiario— se han reportado la presencia de pancartas, rótulos y propaganda alusiva a Moncada, así como brigadas que promueven su imagen.

Además, circulan masivamente mensajes en WhatsApp ofreciendo un “Bono Mujer” de 3,000 lempiras, vinculado a la misma narrativa proselitista.

El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, advirtió que el uso de estos fondos con fines políticos podría generar tensiones con los países donantes y con el propio organismo financiero.

Mossi recordó que el bono fue concebido como parte de una operación de emergencia tras los huracanes Eta e Iota en 2020, y que su continuidad sin claridad sobre beneficiarios ni criterios de entrega “genera suspicacias” en plena campaña electoral.

Aunque la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Red Solidaria han defendido el proceso como técnico y transparente 2, las imágenes difundidas en redes sociales y testimonios de beneficiarios contradicen esa versión. En zonas como San Pedro Sula y Santa Lucía, se han documentado largas filas, entrega directa de efectivo y presencia de activistas partidarios.

Organizaciones civiles y analistas han pedido una auditoría independiente del programa, así como garantías de que los recursos no se utilicen para condicionar el voto. “No se trata de suspender la ayuda, sino de blindarla contra el clientelismo”, expresó Mossi.

La controversia se intensifica a menos de dos meses de las elecciones generales, en las que Moncada figura como una de las principales aspirantes a la presidencia. La politización de programas sociales, advierten expertos, podría erosionar la confianza ciudadana y comprometer la legitimidad del proceso electoral.