La construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, situadas en el Caribe de Honduras, ha sido descartada por las autoridades, tras el fracaso de tres procesos de licitación.

La información fue confirmada a Radio HRN por una fuente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), quienes señalaron que el proyecto no continuaría debido a la falta de empresas interesadas y las complicaciones logísticas.

El proyecto, anunciado en 2023 por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), tenía como objetivo construir una prisión con capacidad para albergar a más de dos mil reclusos de alta peligrosidad y contaba con un presupuesto estimado de 80 millones de dólares (aproximadamente 1,900 millones de lempiras).

Sin embargo, ninguno de los tres intentos de licitación tuvo éxito: los dos primeros fracasaron por incumplimiento de las garantías bancarias exigidas y el tercero no recibió ninguna oferta.

Ante el fracaso, se ha decidido establecer un destacamento militar de las Fuerzas Armadas de Honduras en la isla para el control y la vigilancia del Caribe.

A pesar de esta decisión, no se han dado a conocer detalles específicos sobre esta nueva instalación militar.

El general retirado Luis Maldonado Galeas, en declaraciones a Radio HRN, calificó de «apresurada» y «sin reflexión» la idea de construir una cárcel en el archipiélago, señalando que la decisión no fue parte de un plan estratégico de seguridad para el país.

Maldonado Galeas considera la instalación de un destacamento como «una salida infantil» para justificar el fracaso de la construcción de la cárcel, y sugirió que una posta de aeronaval sería más adecuada como expresión de soberanía en la zona.

El proyecto de la prisión en Islas del Cisne había generado rechazo entre sectores ambientales y académicos de Honduras, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y defensores de derechos humanos, quienes argumentaron que la edificación causaría un «grave daño» ambiental en esta área de alta biodiversidad y valor ecológico.

Con este revés, el Gobierno deberá replantear sus planes para el manejo del sistema penitenciario y la seguridad en el Caribe hondureño.