Un juez ha dictado auto de formal procesamiento con prisión preventiva para 10 policías, pertenecientes a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSTU) y la Dirección de Investigaciones y Prevención de la Policía Nacional (DIPAMPCO), al suponerlos responsables de siete delitos.

Los agentes detenidos han sido identificados como:

• Yony Omar Raudales Núñez
• Wilmer Joel López Gómez
• Esdras Sadrat Amaya Martínez
• Evely Dalian Triminio Gonzales
• Elvin Antonio Ramos Ramos
• Wuilson Isaac Bonilla Hernández
• Lener Gilberto Quintanilla Gallardo
• Bertha Janina Alemán Antúnez
• Nerys Desiderio Mejía Rodríguez
• Fernando Josué Castellanos Canales

Los hechos en cuestión ocurrieron el 13 de noviembre de 2023. Según el requerimiento fiscal, los agentes de la DIPAMPCO realizaron un allanamiento de domicilio en el municipio de Villanueva, Cortés, sin contar con una orden judicial. Durante esta operación, los policías irrumpieron en la vivienda de dos personas de origen filipino, a quienes les sustrajeron pertenencias.

• Abuso de Poder: A uno de los afectados, los policías lo trasladaron a un lugar donde se recolecta basura, lo sometieron al suelo y le plantaron armas y drogas en un intento de incriminarlo.

Posteriormente, los agentes elaboraron un informe de investigación y remitieron al afectado como detenido por los delitos de tráfico de droga, porte ilegal de armas de fuego de uso permitido y uso prohibido.

Los 10 agentes fueron enviados a la cárcel de Támara, ubicada en Francisco Morazán, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

La corrupción dentro de las fuerzas policiales no es un fenómeno nuevo en muchos países, y Honduras no es la excepción. A lo largo de los años, se han documentado múltiples casos de abuso de poder, malversación y delitos graves cometidos por agentes del orden.

Este caso en particular resalta la necesidad urgente de reformar las instituciones policiales y garantizar la rendición de cuentas. La impunidad y la falta de mecanismos de control efectivo han permitido que situaciones como esta se repitan, erosionando la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden y aumentando el desafío que enfrenta el país en su lucha contra la criminalidad y la corrupción.