En una sesión nocturna de diputados autoconvocados, más de 70 legisladores opositores aprobaron por unanimidad una resolución para desconocer el decreto 58-2025, emitido el 9 de enero de 2026 por el Congreso Nacional y publicado ese mismo día en La Gaceta.

El decreto, impulsado por la bancada de Libertad y Refundación (Libre) en una sesión extraordinaria, ordena un recuento de actas pendientes tras el escrutinio especial de las elecciones generales de 2025. La oposición sostiene que dicha sesión fue ilegal, al haber sido convocada por la Comisión Permanente, órgano que —según juristas— no tiene facultades para intervenir en procesos electorales ya certificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

🔹 Llamado a sanciones y desconocimiento institucional

Durante la sesión, la diputada Maribel Espinoza pidió sancionar a quienes participaron en la aprobación del decreto que ordena el recuento “voto por voto”.

La resolución aprobada instruye a varias instituciones del Estado a desconocer el decreto 58-2025, atribuido al Congreso dirigido por Luis Redondo y respaldado por la bancada de Libre.

🔹 Medidas sobre la transición de poder

Los diputados también aprobaron una iniciativa para sustituir al Secretario de Gobernación y Justicia en caso de que no se presente voluntariamente a los actos de transición.
Se estableció que cualquier magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrá asumir ese rol en los actos protocolarios.

🔹 Contexto electoral y tensiones institucionales

Las elecciones del 30 de noviembre de 2025 registraron una participación de alrededor de 3.8 millones de votantes.
El CNE declaró ganador a Nasry Asfura el 24 de diciembre y oficializó los resultados municipales y legislativos el 30 de diciembre.

El 11 de enero de 2026, la presidenta Xiomara Castro solicitó un recuento total voto por voto, petición que se formalizó en el decreto 58-2025.
Sin embargo, la oposición y diversos expertos consideran que el Congreso no puede intervenir en resultados ya certificados por el CNE.

El decreto ha generado advertencias internacionales, incluyendo pronunciamientos del Departamento de Estado de Estados Unidos, ante el riesgo de revertir resultados electorales ya declarados.