El exfiscal general Edmundo Orellana afirmó este martes que la actuación del fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, en el caso Sedesol no responde a una estrategia institucional contra la corrupción, sino a presiones políticas que lo habrían colocado “contra la espada y la pared”.

Según Orellana, el estallido del llamado checaso —incluido el video que circuló públicamente— generó un ambiente de amenazas y advertencias de juicio político que obligaron al fiscal a reaccionar de manera apresurada. “No es una política del Ministerio Público combatir la corrupción generalizada; este es un caso selectivo, una reacción ante la presión”, señaló.

“Si quieren demostrar que luchan contra la corrupción, deben ir más allá”

El exfiscal insistió en que tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas tienen ahora la oportunidad de demostrar que realmente están comprometidos con combatir la corrupción en Honduras.

“La forma de reivindicarse es trabajando en múltiples casos, no solo en uno. Hay muchos expedientes pendientes, pero lo que vemos hoy es una reacción, no una política sostenida”, remarcó.

Pendientes de investigar 20 mil millones del golpe de Estado

Orellana recordó que Johel Zelaya fue electo bajo la bandera de la “refundación”, pero aún no ha investigado los más de 20 mil millones de lempiras cuyo destino nunca fue aclarado tras el golpe de Estado, según reportes del entonces ministro de Hacienda.

A su criterio, no se trata de una tarea compleja: “Solo deben revisar los movimientos bancarios e inmobiliarios de los diputados y funcionarios de esa época. Con eso basta para llegar a la verdad. No lo han hecho, y eso demuestra que lo actual es una reacción política”.

Un Ministerio Público bajo presión

Las declaraciones de Orellana se producen en medio de un ambiente político tenso, marcado por el requerimiento fiscal contra 12 personas por el caso Sedesol y por cuestionamientos sobre la independencia del Ministerio Público.

Para el exfiscal, el actuar de Johel Zelaya no obedece a una estrategia institucional, sino a la necesidad de evitar consecuencias políticas mayores. “Este caso se mueve por presión, no por convicción”, concluyó.