Tegucigalpa, Honduras- Por unanimidad de votos, el Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declara no ha lugar la aplicación del Decreto de Amnistía (04-2022) solicitado por las defensas de Roberto David Castillo y Roberto Martínez Lozano acusados en el caso Agua Zarca.

El tribunal expreso que las defensas no han aportado prueba que los implicados fueran victimas del golpe de Estado, u opositores al golpe de Estado.

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Declaraciones de portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva:

Dato

David Castillo, era el expresidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), quien fue detenido en marzo de 2018 en el Aeropuerto de San Pedro Sula, cuando intentaba salir de Honduras.

Castillo era un exoficial de inteligencia del Ejército hondureño entrenado en Estados Unidos y presidía la hidroeléctrica DESA que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la represa Agua Zarca, a la que se oponía Cáceres por considerar que causaba daños al medio ambiente.

Por lo que el tribunal concluyó que Cáceres fue asesinada por liderar la campaña para detener la construcción de la presa, lo que generó retrasos y pérdidas financieras para la empresa.

Hasta ahora se había condenado a siete personas por ser los actores materiales pero en esta ocasión se incluye a un alto ejecutivo.

El tribunal tuvo en cuenta los mensajes y llamadas que David Castillo intercambió tanto con los sicarios como los directivos de la empresa antes, durante y después del asesinato de la activista.

Las conversaciones demuestran que Castillo estaba claramente definiendo los planes, la logística y el pago del crimen, sentenció el tribunal.

Castillo se había defendido alegando que era amigo de Cáceres, pero el tribunal concluyó que Castillo mantuvo ese contacto solo para obtener información sobre su paradero y sus movimientos.

Según la sentencia, Castillo es “coautor” del asesinato lo que anima a los activistas a perseguir a la familia Atala Sabla, dueña de DESA, a quienes consideran culpables de estar al frente de la “estructura criminal que dirigió el asesinato”.