La China Energy Engineering Group Northeast, con sede en Pekín y especializada en la instalación de energía y construcción de proyectos industriales, ha presentado una demanda contra el Estado hondureño tras la rescisión de un contrato por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

La controversia se origina en una licitación ganada por la empresa china el 2 de febrero, donde fue el único oferente para proporcionar 80 megavatios de energía a las plantas de San Pedro Sula y La Ceiba.

A pesar de haber obtenido el contrato, la Enee decidió rescindirlo, lo que llevó a la empresa a presentar una demanda ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.

China Energy Engineering Group reclama al Estado hondureño un total de 127,419,935 dólares. Esta cifra incluye 124,919,938 dólares por resarcimiento de daños e indemnización y 2,500,000 dólares por concepto de garantía ejecutada por la Enee, más un interés legal del 7%.

Este conflicto se suma a las 15 demandas que Honduras enfrenta actualmente en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), 12 de las cuales fueron presentadas durante el gobierno de Xiomara Castro. Además, el país ha tenido que enfrentar una nueva demanda en los tribunales nacionales.

Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Stenee), sugirió que la demanda podría haberse evitado si la Enee no hubiera adjudicado el contrato a un único oferente. Aguilar destacó que la adjudicación a China Energy Engineering Group podría haber estado viciada por la falta de competencia, y criticó el manejo de los procedimientos y tiempos de pago de las garantías.

El procurador general, Manuel Díaz Galeas, defendió la decisión del gobierno de salir del Ciadi, argumentando que el organismo había sido utilizado por inversionistas «inescrupulosos» para presionar al Estado y socavar su capacidad de implementar políticas públicas. Díaz Galeas subrayó que la Procuraduría General de la República está manejando con seriedad todas las demandas recibidas y que no se debe asumir que Honduras perderá todos los casos en el Ciadi.

El proyecto en cuestión, valorado en 3,000 millones de dólares, tenía como objetivo la generación de 80 megavatios para el suministro energético de Honduras. La situación actual resalta las tensiones entre el gobierno hondureño y los inversores internacionales en el sector energético.