Del 8 al 11 de mayo irán a juicio oral y público el excapitán de las Fuerzas Armadas, Santos Rodríguez Orellana, su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla, a quienes se les supone responsables del delito de lavado de activos.

No obstante, este lunes 20 de marzo se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas en la que se declaró “No Ha Lugar” la solicitud excarcelación hecha por la defensa privada del exmilitar, por lo que continuará con prisión preventiva durante siga el proceso.

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Ya para el juicio, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) esperaría que tras la valoración de la prueba el tribunal sentenciador emita un fallo condenatorio.

A los tres encausados, en noviembre del año anterior, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) les dio captura mediante la ejecución de nueve allanamientos de morada en Tegucigalpa, Francisco Morazán y Yamaranguila, Intibucá, donde además se aseguraron 15 bienes inmuebles, siete sociedades mercantiles y 10 vehículos, mismos que fueron traspasados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

De acuerdo a las investigaciones iniciadas años atrás, el excapitán realizaba operativos en la zona de Gracias a Dios y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado y las armas decomisadas eran llevadas a un grupo delictivo de La Ceiba denominado ZIPE.

Del mismo modo, Rodríguez Orellana habría participado en decomisos de vehículos donde se transportaban millonarias cantidades de dólares y según testigos también está involucrado en la muerte de muchas personas incluido un informante de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos DEA. Asimismo, en escuchas telefónicas se comprobó que éste negociaba entregas de drogas luego que era robada a otras organizaciones criminales en el sector de La Mosquitia. Todo este dinero consecutivamente era enviado a su esposa y suegra.

Posteriormente, al realizar el análisis financieros se pudo comprobar que durante el tiempo del excapitán en las Fuerzas Armadas recibió en concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813,918 lempiras, sin embargo, su núcleo familiar (esposa y suegra) tuvieron, de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingresos en el periodo comprendido entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras no justificados, desconociéndose el origen de las transacciones en el sistema financiero y las inversiones en la adquisición de activos fijos y sociedades mercantiles.

Con lo anterior, se evidencia que la actividad mercantil realizada y registrada ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) no es coherente con lo declarado, existiendo una clara relación entre el lavado de dinero y el narcotráfico.

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