La segunda semana del juicio por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) concluyó con las impactantes declaraciones del testigo número 11, identificado como Giovani Rodríguez.

Sin embargo se confirmó que en realidad se trata del excomisario de la Policía, Mario Guillermo Mejía Vargas. Mejía Vargas, conocido por haber sido arrestado en 2009 bajo la acusación de haberse robado un cargamento de 143 kilos de cocaína en una operación ejecutada en La Mosquitia, Gracias a Dios, en el oriente de Honduras, enfrentó un juicio público en el que se le dictó sobreseimiento.

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Esto se dio luego de que el titular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) declarara que le había encomendado la tarea de decomisar la droga, lo que le permitió reincorporarse a la institución policial.

#TN5| Mario Mejía Vargas, testigo 11 de la fiscalía en juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, estuvo en el programa @FrenteaFrenteHN en abril de 2016. Aquí sus declaraciones: pic.twitter.com/PPw5ODTy6F

— TN5 (@TN5Telenoticias) March 2, 2024

Sin embargo, en 2016, Mejía Vargas fue extraditado a Estados Unidos tras ser acusado de narcotráfico y señalado como uno de los responsables de la muerte del zar antidroga, Arístides Gonzales, en 2009. Además, fue señalado por el Ministerio Público como el autor intelectual del asesinato de Orlan Chávez, conocido como el ‘Fiscal de Oro’, ocurrido en 2013.

Durante su intervención como testigo protegido en el juicio contra Juan Orlando Hernández, Mejía Vargas confesó haber ordenado la muerte del fiscal Chávez, alegando que este estaba investigando a un primo suyo.

El excomisario también admitió haber coincidido en varias ocasiones con Mauricio Hernández, quien lo llevó a la casa del hermano del expresidente, Tony Hernández.

En su declaración, Mejía Vargas reveló su condición de testigo protegido y su espera de recibir una pena reducida, posiblemente de 15 años, tras dar su testimonio en el juicio. Estas impactantes revelaciones han generado un gran revuelo en el proceso judicial, implicando a altos funcionarios y miembros de la Policía Nacional en actividades de narcotráfico y corrupción.