Entre los beneficiados figuran el excanciller Enrique Reina, los exvicecancilleres Gerardo Torres, Cindy Larissa Rodríguez y Zulmit Solemit Rivera Zúniga y sus respectivas parejas. También la expresidenta Xiomara Castro, el expresidente de facto del Congreso Nacional, Luis Redondo y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando y sus conyugues.

El abuso de los funcionarios del gobierno de Xiomara no tuvo límites.  Un reglamento aprobado en mayo de 2025 por el entonces canciller Eduardo Enrique Reina García estableció un privilegio poco común en la administración pública hondureña: permitir que expresidentes de los poderes del Estado y exjerarcas de la Cancillería porten pasaportes diplomáticos de manera vitalicia o de por vida, un beneficio que también se extiende a sus cónyuges.

El Acuerdo No. 001-SG-2025, denominado Reglamento de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales, fue aprobado el 6 de mayo de 2025 por el entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional , Enrique Reina, y posteriormente publicado en La Gaceta el 14 de junio del mismo año.

La disposición ha generado fuertes cuestionamientos porque fue firmada apenas tres semanas antes de que Reina renunciara al cargo el 27 de mayo de 2025 para dedicarse a la campaña política como candidato a designado presidencial en la fórmula encabezada por Rixi Moncada, del gobernante Partido Libertad y Refundación.

Privilegio para la élite del poder

El reglamento establece que los pasaportes diplomáticos y oficiales son documentos que emite la Cancillería para que los funcionarios en misión oficial puedan viajar al extranjero con facilidades y recibir ciertas “cortesías diplomáticas y privilegios asociados a su cargo” en funciones.

Sin embargo, el punto más polémico de la normativa se encuentra en el Artículo 13, que introduce una excepción inédita e insólita en la práctica administrativa reciente del país que reza textualmente: “Los Expresidentes de los Poderes del Estado y sus cónyuges, así como los Exsecretarios y Exsubsecretarios de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y sus cónyuges, tienen el privilegio de portar pasaporte diplomático de manera vitalicia”.

En términos prácticos, la disposición implica que estos funcionarios conservarán el documento hasta el final de su vida, aun cuando ya no ejerzan ninguna función pública.

Entre los beneficiarios potenciales de esta normativa figuran figuras que actualmente ocupan o han ocupado posiciones clave en el aparato estatal, como: Xiomara Castro, expresidenta de Honduras, Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional, Rebeca Ráquel Obando, actual presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Pero el privilegio no se quedó en estos altos funcionarios también se extendió al propio Eduardo Enrique Reina García, excanciller, y los excancilleres en materia de Relaciones Exteriores, Gerardo Torres; cooperación internacional, Cindy Larissa Rodríguez y de asuntos migratorios, Zulmit Solemit Rivera Zúniga.

La medida también beneficia a los cónyuges de todos ellos, ampliando el alcance del privilegio más allá de quienes ejercieron directamente el cargo.

Implicaciones diplomáticas

El propio reglamento, publicado por la Cancillería en la Gaceta,define que el pasaporte diplomático tiene como propósito facilitar el tránsito internacional del portador y solicitar a las autoridades extranjeras colaboración, protección y cortesías propias de la función diplomática.

Aunque no implica automáticamente inmunidad diplomática —algo que depende de la acreditación ante otro Estado— sí constituye un símbolo de privilegio excepcional y estatus diplomático y de representación oficial, reservado generalmente para funcionarios activos o misiones específicas.

Especialistas en relaciones internacionales consultados por RCV en distintas ocasiones han señalado que, en muchos países, los pasaportes diplomáticos se retiran una vez que el funcionario deja el cargo, precisamente para evitar su uso con fines personales o políticos.

Cancillería pide entregar pasaportes

La controversia se intensifica porque la actual titular de la Cancillería, Mireya de Agüero, ha emitido recientemente un comunicado solicitando a todos los exfuncionarios del gobierno de Xiomara Castro, la devolución de los pasaportes diplomáticos y oficiales otorgados a exfuncionarios de la administración anterior.

En el comunicado oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a exservidores públicos que entreguen esos documentos a la Unidad de Pasaportes a más tardar el 31 de marzo, con base en el mismo reglamento aprobado en 2025.

No obstante, la propia normativa establece excepciones: quienes poseen el privilegio de pasaporte diplomático vitalicio no están obligados a devolverlo. Esto crea una paradoja institucionalporque mientras se exige la devolución general de los documentos diplomáticos, una élite política conserva el beneficio de forma permanente.

Reglamento firmado días antes de elecciones

El momento en que se aprobó el reglamento también ha despertado suspicacias: El 6 de mayo de 2025, cuando firmó el acuerdo, Reina aún era canciller, pero semanas después anunció su renuncia para dedicarse a la política electoral.

El 27 de mayo de 2025, Reina oficializó su salida del cargo para participar en la campaña política junto a Rixi Moncada, en el proceso electoral general.

La cercanía entre la aprobación del reglamento y su salto a la arena electoral ha llevado a críticos a considerar que la normativa podría haber servido para blindar privilegios personales de Reina y de la élite política gobernante antes de abandonar el cargo.

El hecho de que el beneficio se otorgue de manera vitalicia, es decir, hasta la muerte, incluso cuando el funcionario ya no ejerce responsabilidades públicas, ha sido fuertemente cuestionado e interpretado por analistas como un uso discrecional del poder administrativo para crear privilegios permanentes para una reducida cúpula política de Libre.

A diferencia de otros beneficios institucionales que se extinguen al finalizar el mandato, el pasaporte diplomático vitalicio crea una distinción permanente entre una élite política y el resto de la ciudadanía hondureña.

En un país marcado por profundas desigualdades y constantes cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos, el reglamento aprobado en 2025 abre un debate público de fondo:si los cargos públicos deben generar privilegios de por vida, o si los instrumentos diplomáticos deben limitarse estrictamente a quienes ejercen funciones oficiales del Estado en determinado gobierno.

Lo cierto es que muchos diplomáticos consultados consideran que se trata de un abuso de la pasada administración que debe ser derogado inmediatamente por crear clases privilegiados, lo cual va en contra de la Constitución de la República que establece claramente que en Honduras “no existen clases privilegiadas”.(RCV)