Un exfuncionario hondureño fue acusado en Estados Unidos por su participación en una red internacional que pagó sobornos de cara a obtener contratos para la confección de uniformes de la Policía Nacional de Honduras, informó este viernes la Fiscalía federal estadounidense.

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Francisco Roberto Cosenza Centeno, de 65 años y director ejecutivo de un comité de la Administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional (TASA), es uno de los tres acusados por la Fiscalía estadounidense.

Lo anterior, por formar parte de sobornos para asegurar con el Gobierno hondureño contratos que ascendieron a unos 10 millones de dólares.

Los otros dos acusados son Carl Alan Zaglin, de 68 años y dueño de una firma textil con sede en Georgia.

Además de Aldo Nestor Marchena, de 50 años y con domicilio en la floridana Boca Ratón.

Hechos

De acuerdo con la oficina de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, entre marzo de 2015 y hasta noviembre de 2019 pagaron sobornos a funcionarios del Gobierno hondureño.

Entre ellos a Cosenza, para obtener contratos relacionados a uniformes y otros bienes de la Policía Nacional de ese país.

Cosenza, quien era director ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso de la TASA, y otros funcionarios del gobierno presuntamente ayudaron a Zaglin, Marchena y a otros.

Para luego tratar de lograr contratos para la venta de uniformes y otros bienes para la institución policial y a “asegurar el pago de los contratos”.

Ocultar los pagos

Para ocultar los pagos de los sobornos, Zaglin, Marchena y Cosenza, entre otros, habrían lavado “las ganancias del plan corrupto” a través de cuentas bancarias.

Así como también, empresas con fachada en Estados Unidos y Belice.

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La Fiscalía señala en su acusación que “los conspiradores enviaron más de 166.000 dólares a cuentas bancarias controladas por Cosenza”.

Además de “otro funcionario extranjero hondureño para promover el plan”.

Los tres han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero.

No obstante, Cosenza y Marchena también afrontan cada uno un cargo de lavado de dinero y otro de participación en transacciones con propiedad derivada de delitos.

Cosenza y Marchena podrían recibir una pena máxima de hasta 30 años de prisión