La vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reveló este miércoles que las Fuerzas Armadas de Honduras se comunicaron directamente con la empresa encargada de instalar el sistema de GPS en las maletas electorales, con el objetivo de conocer la ubicación de los dispositivos antes de ser entregados al ente electoral.

“Ellos (FFAA) contactaron a la empresa del GPS con la intención de saber dónde están actualmente los dispositivos que nos van a entregar”, declaró López, al señalar que la compañía notificó al CNE sobre la solicitud castrense.

Señalamientos de intromisión

• López advirtió que no es la primera ocasión en que las Fuerzas Armadas se entrometen en asuntos de distribución y transporte del material electoral.
• Recordó que su compañero consejero Marlon Ochoa ha insistido en que la institución castrense busca estar presente en reuniones clave del proceso.
• Denunció que los militares asignados al centro logístico del Infop dificultan el ingreso de autoridades electorales, sometiéndolas a interrogatorios y hasta tomando fotografías de quienes intentan acceder.
• Señaló que los efectivos solo acatan órdenes superiores, lo que refuerza la percepción de control militar sobre espacios que deberían estar bajo la dirección exclusiva del CNE.

La revelación ocurre en medio de crecientes tensiones entre el CNE y las Fuerzas Armadas, tras episodios recientes como:

• La desinformación publicada en redes oficiales de las FFAA, desautorizada por el CNE.
• La negativa de la institución castrense de facilitar el Campo de Parada Marte para la logística electoral, al priorizar el montaje de su “Villa Navideña”.

Críticas por transparencia

El contacto directo de las Fuerzas Armadas con la empresa de GPS ha levantado sospechas y críticas sobre la transparencia del proceso electoral, al interpretarse como un intento de controlar información sensible sobre la ubicación y traslado de las maletas electorales.

López hizo un llamado a que se respete la autonomía del CNE y se garantice la confianza ciudadana en el proceso democrático, evitando acciones que puedan generar alarma o dudas sobre la imparcialidad institucional.