El fiscal general Johel Zelaya confirmó este martes que el Ministerio Público ha admitido dos denuncias interpuestas por el consejero Marlon Ochoa contra sus colegas Cossette López y Ana Paola Hall, por supuestas irregularidades en la aprobación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de cara a los comicios generales del 30 de noviembre.

Las denuncias fueron presentadas el lunes por Ochoa, quien acusa a las consejeras de prevaricato administrativo, usurpación de funciones y delitos electorales, alegando que aprobaron el sistema por mayoría y sin el consenso del pleno del CNE.

Zelaya declaró a medios que toda denuncia que llega al MP será analizada y que, si se encuentran elementos suficientes para actuar, “no nos va a temblar la mano, sea quien sea”. Añadió que el proceso electoral está “candente”, y que el Ministerio Público se mantiene alerta ante posibles intentos de manipular el cronograma electoral o generar atrasos amañados.

Las acusaciones de Ochoa

Según el consejero, el sistema TREP aprobado remite a los modelos utilizados en las elecciones de 2013 y 2017, cuestionados por diversos sectores por su falta de transparencia. Alega que se realizó una modificación técnica sin convocar al pleno del CNE y que se incluyó un mecanismo de verificación de actas con intervención humana, lo cual —según él— violaría la Ley Electoral.

Tanto López como Hall han defendido su actuación, asegurando que la verificación humana está respaldada por los artículos 279 y 283 de la Ley Electoral. Afirman que esta etapa es clave para garantizar la transparencia en el procesamiento de los resultados electorales.

Además, han denunciado que enfrentan presiones, amenazas y campañas de descrédito, las cuales buscan intimidarlas y frenar la implementación del sistema.

Zelaya hizo un llamado a la población a confiar en la independencia del Ministerio Público. “Por mucho que digan que el fiscal se acomoda a un color político, la democracia no tiene precio y va a persistir en este país”, aseguró.

Advirtió que en los cinco meses previos a las elecciones, el MP estará vigilante y listo para actuar ante cualquier denuncia que comprometa la legalidad del proceso.

“Que lo tengan claro los partidos políticos: no van a jugar con la voluntad del pueblo hondureño”, concluyó.