El exdirector del fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras, Francisco Roberto Cosenza Centeno, comparecerá el próximo 11 de agosto ante la Corte del Distrito Sur de Florida para declararse culpable por su participación en una red de corrupción que involucra lavado de dinero y sobornos relacionados con contratos públicos por más de 10 millones de dólares.

La audiencia de juicio, originalmente programada, fue cancelada luego de que Cosenza decidiera modificar su declaración inicial de “no culpable”. La jueza Jacqueline Becerra recibirá tres días antes de la audiencia el acuerdo de culpabilidad, la propuesta de hechos admitidos y un documento que detalla las penas máximas por los delitos cometidos.

Según el expediente del Departamento de Justicia de EE. UU., Cosenza adjudicó contratos a empresas vinculadas con los empresarios Carl Alan Zaglin y Aldo Néstor Marchena, entre ellos:

Los fiscales afirman que estos contratos fueron otorgados de forma irregular y sirvieron para encubrir pagos ilícitos disfrazados de transacciones legítimas. Los fondos fueron canalizados a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, lo que permitió a la justicia estadounidense asumir competencia sobre el caso.

Implicaciones y próximos pasos

La decisión de acogerse a un acuerdo de culpabilidad sugiere que las pruebas presentadas por la fiscalía son contundentes. De ser aceptada la declaración, el caso pasará a la fase de sentencia, donde Cosenza podría enfrentar multas, restitución y prisión. Si permanece en libertad bajo fianza, su defensa deberá demostrar que cumple con las condiciones impuestas por el tribunal.

Este caso representa no solo la caída de un exfuncionario clave en el manejo de fondos destinados a la seguridad ciudadana, sino también una advertencia de que la justicia estadounidense continúa extendiendo su jurisdicción en casos de corrupción que trascienden fronteras.