Un juez competente resolvió este martes modificar las medidas cautelares impuestas a Iván Velásquez, gerente de la empresa Koriun Inversiones, por lo que en las próximas horas recuperará la libertad bajo condiciones, tras permanecer en prisión preventiva en el marco del proceso judicial en su contra.

Durante la audiencia, el equipo legal de Velásquez presentó diversos argumentos y documentación para sustentar la solicitud de cambio de medidas. Como parte de la resolución, se estableció una caución que ronda los 25 millones de lempiras, integrada por bienes inmuebles y recursos económicos depositados en cuentas personales del imputado.

El caso Koriun no se limita únicamente a Velásquez. Entre los principales señalados también figura su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete, quien fue capturada junto a él en mayo de 2025 por su presunta implicación en el delito de lavado de activos. Ambos enfrentan cargos derivados de las operaciones financieras de la empresa.

Las investigaciones del Ministerio Público han alcanzado a otros colaboradores de la compañía. Entre ellos se encuentran Marcos Abel Villeda Galdámez, responsable del área contable, y Gustavo Flores Carbajal, quien fungía como administrador de una sucursal de Koriun en el departamento de Choluteca. Además, las autoridades han señalado la posible participación de otros empleados y personas cercanas al núcleo directivo de la empresa.

Un esquema bajo la lupa de la Fiscalía

De acuerdo con las investigaciones oficiales, Koriun Inversiones operaba bajo un modelo con características propias de un esquema piramidal o Ponzi. La empresa captaba recursos de miles de personas mediante la promesa de altos rendimientos en plazos cortos, sin que existiera una actividad financiera legítima que respaldara dichas ganancias.

Según el ente acusador, los pagos a inversionistas antiguos se realizaban con el dinero aportado por nuevos participantes, una práctica que finalmente colapsó tras múltiples denuncias ciudadanas por retrasos e incumplimientos en los pagos.

Las autoridades estiman que al menos 35,000 personas resultaron afectadas por el funcionamiento de este esquema. Como respuesta, a finales de abril de 2025 se ejecutaron varios allanamientos en oficinas de la empresa y en la vivienda de Velásquez, donde se decomisaron aproximadamente 358 millones de lempiras en efectivo, localizados en siete sedes de Koriun y en su residencia.

Previo a la intervención estatal, en febrero de ese mismo año, la empresa había recibido un permiso de operación por parte de la alcaldía de Choloma, pese a que ya existían advertencias sobre posibles irregularidades. Esta situación generó cuestionamientos sobre los controles municipales y la responsabilidad de las autoridades locales en la supervisión de este tipo de actividades.

Las pesquisas también han alcanzado al hijo de Iván Velásquez, a quien se le atribuye participación en la operatividad de una de las sucursales de la empresa. Aunque su situación legal aún no ha sido definida, su nombre figura dentro del proceso como parte del entorno cercano del gerente.

Mientras tanto, las autoridades continúan ampliando las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los administradores y encargados de las distintas sucursales de Koriun Inversiones a nivel nacional.