En una nueva acción contra la corrupción y el delito en sus diferentes modus operandi, el Ministerio Público ejecuta en todo el país la Operación Némesis VII y esta vez es sobre 40 bienes del ex director general de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid y de su esposa, Thelma Carmina Umaña Powell, que se solicita la privación definitiva del dominio.

Se trata de 15 bienes inmuebles (residencias y terrenos), seis vehículos, 16 cuentas bancarias, dos sociedades mercantiles y un lote de semovientes, identificados por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en paralelo al requerimiento fiscal con orden de captura y a los iniciales aseguramientos promovidos en febrero de 2021 contra la pareja acusada del delito de lavado de activos.

De acuerdo a las investigaciones, en un periodo de 10 años (2007 – 2016), Ramírez del Cid realizó movimientos financieros por más de 37 millones de lempiras (Lps. 37,740,181.78), de los cuales existen incongruencias y nexos con actividades ilícitas por un monto que ronda los casi 27 millones de lempiras (Lps. 26,744,669.18), a lo que se suma el más de un millón de lempiras (Lps. 1,473,226.79) no justificado de Umaña Powell.

Entre los bienes contra los que se pretende que recaiga una sentencia de confiscación definitiva, sobresalen tres inmuebles en Nacaome, Valle, entre los que se encuentra la Lotificadora Villas Belén, que consta de más de 400 lotes de terreno, así como un inmueble en Guanaja, Islas de la Bahía.

Por otra parte, en Némesis VII, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y la ATIC investigan en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) el manejo de un fideicomiso suscrito con el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) en el año 2014 por un monto superior a los 400 millones de lempiras aproximadamente.

Específicamente, las diligencias están orientadas a determinar si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios, tal y como reza una denuncia en poder del Ministerio Público y que además incluye otros millonarios fideicomisos en la Secretaría de Seguridad, el Instituto de la Propiedad (IP), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) de la administración anterior.

Además, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentará requerimiento fiscal contra tres funcionarios del Instituto Nacional Agrario (INA) por abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, en afectación a los derechos de propiedad del pueblo garífuna de Tornabé y en respuesta a denuncias interpuestas por miembros de la comunidad y sus organizaciones representativas.

Otra causa, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) la interpuso en contra de una exservidora del Registro Civil Municipal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, por falsificación de documentos públicos, al tiempo que en la alcaldía de Tocoa, Colón, se iniciaron diligencias investigativas por un permiso concedido el año 2016 a la empresa minera Ecotek, citando al alcalde Adán Fúnez y a representantes de la compañía.

Durante la Operación Némesis VII, del lado de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) se efectuarán inspecciones por supuestas irregularidades en los juzgados de paz de Guaimaca, Francisco Morazán, así como se acusará en la ciudad de Nacaome, Valle, a elementos de la Policía Nacional.

40 requerimientos por violencia de género en la zona central son parte del trabajo de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER) y también se judicializarán casos de asesinato, femicidio, homicidio, extorsión, tráfico de drogas, asociación para delinquir, porte de armas comerciales y prohibidas, robo, violación, otras agresiones sexuales, maltrato familiar, negación de asistencia familiar, daños ambientales, contaminación, explotación ilegal de recursos naturales, defraudación fiscal, contrabando, violación a la propiedad intelectual e industrial, entre otros delitos, de lo que se espera un alto número de detenidos a nivel nacional.

Todas las acciones anteriores se desarrollan bajo la coordinación de las Fiscalías Especiales, Regionales y Locales, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y la ATIC, con un importante apoyo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Dirección Policial Nacional Antidrogas (DNPA), la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), Fuerzas Armadas y autoridades administrativas.