El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, destacando una serie de preocupaciones graves. El informe resalta abusos cometidos en el marco del estado de excepción, la corrupción gubernamental, la debilidad del poder judicial y la persecución de activistas comunitarios y de la diversidad sexual, entre otros aspectos.

Uno de los puntos críticos señalados en el informe es el uso de la tortura y tratos inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas. Se menciona que el Comisionado de los Derechos Humanos reportó 66 casos de presunta tortura, mientras que el Ministerio Público registró cinco informes de este tipo hasta julio de 2023. Además, el Conaprev recibió 45 denuncias por el uso de tortura o tratos crueles e inhumanos.

Las detenciones arbitrarias, especialmente durante el estado de excepción, también generaron preocupación entre las autoridades estadounidenses. Se destaca que la corrupción gubernamental fue otro tema analizado en profundidad, señalando que a pesar de que la ley prevé acciones penales por corrupción de funcionarios, estas no se implementaron de manera efectiva, lo que permitió que la corrupción continuara impune.

El informe menciona un caso específico relacionado con corrupción: denuncias contra la exdirectora de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia por trámites irregulares y presuntos cobros de sobornos.

Otro aspecto destacado en el informe es la ineficiencia judicial, que contribuyó a detenciones preventivas prolongadas y problemas en el proceso de juicios públicos justos. Se menciona que, a pesar de que la ley prevé un Poder Judicial independiente, en la práctica este se ve afectado por la falta de equipamiento y la corrupción.

El respeto a la sociedad civil y la libertad de expresión también fueron temas abordados en el informe. Se señala que altos funcionarios del gobierno criticaron a la sociedad civil y a miembros de la comunidad internacional por comentarios críticos hacia el gobierno, lo que afectó la libertad de expresión. Además, se menciona que periodistas y representantes de derechos humanos se auto censuraron por temor a represalias.

El informe también destaca abusos sociales, como feminicidios, discriminación contra pacientes de VIH-SIDA y violencia de género.

Estas revelaciones ponen de relieve la necesidad de abordar urgentemente las violaciones de derechos humanos en Honduras y de tomar medidas concretas para garantizar la protección y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas en el país.

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