La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha respondido a las quejas del expresidente Juan Orlando Hernández sobre la falta de acceso en su defensa, autorizando el suministro de una computadora portátil al acusado.

Esta medida surge en el contexto de la preparación para el juicio programado para el 5 de febrero y su detención en el Centro Metropolitano de Detención, conocido como «MDC Brooklyn».

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La solicitud presentada al juez Kevin Castel por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York busca garantizar que el acusado pueda tener acceso significativo a la revisión de descubrimiento y otros materiales del caso.

Como parte de esta autorización, se especifica que el ordenador portátil tendrá restricciones de seguridad, incluyendo la ausencia de acceso a Internet, redes de área local u otros dispositivos electrónicos.

La Fiscalía se compromete a asegurarse de que la laptop sea compatible con los requisitos de seguridad del MDC de Brooklyn y estará protegida por contraseña, manteniéndose en un lugar aceptable para el personal de la Oficina de Prisiones.

Además, se establece que el expresidente Hernández tendrá acceso al ordenador portátil de lunes a viernes en la sala de visitas, durante 10-15 horas a la semana.

En relación a la solicitud de un defensor público adicional, la Fiscalía expresó no tener objeciones, considerando que esto ayudaría a garantizar el flujo del proceso legal en caso de que las condiciones del actual abogado de Hernández, Raymond Colon, se vean afectadas.

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La carta del fiscal Damián Williams detalla que no tiene objeciones a la solicitud de designar un abogado litigante adicional, así como a un breve aplazamiento del juicio, con el objetivo de prevenir demoras innecesarias o aplazamientos a mitad del juicio que podrían generar gastos adicionales de tiempo y recursos para todas las partes involucradas.

En la misma línea, se pide al juez Castel realizar una investigación adicional sobre la insatisfacción de los acusados Hernández y Juan Carlos «El Tigre» Bonilla con sus respectivos defensores, buscando garantizar un proceso legal justo y equitativo para todas las partes involucradas.

Estas decisiones se dan tras la solicitud previa del expresidente hondureño en una audiencia ante el juez Kevin Castel, en la que solicitó una computadora portátil y un defensor público adicional debido a la situación de salud de su actual abogado, Raymond Colon, y la necesidad de revisar la información para preparar su defensa.

Para complementar esta noticia, se pueden incluir análisis legales sobre el impacto de estas decisiones en el proceso legal de Juan Orlando Hernández, así como la postura oficial de las autoridades hondureñas sobre este caso y su repercusión en el ámbito político del país.