El diputado del Partido Liberal de Honduras (PLH), Jorge Cálix, lanzó este martes una fuerte advertencia a través de la red social X, donde aseguró que se está fraguando un “golpe electoral” en el país, y acusó al Ministerio Público (MP) de estar ejecutando una persecución política contra los órganos encargados de garantizar la transparencia del proceso electoral.

Cálix cuestionó la actuación del MP en el caso contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona, señalando que se les acusa por actuar sin quórum, pese a que en 2021, según él, ocurrió una situación similar en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“En aquel entonces, uno de los consejeros propietarios se ausentó de las sesiones del Pleno, y Ana Paola Hall junto a Rixi Moncada lograron sesionar solo las dos. ¿Por qué el MP no actuó contra ellas? Sencillo: no había persecución política”, expresó el legislador.

El parlamentario también denunció que “todos los empleados y funcionarios del CNE tienen miedo”, y que están sometidos a una “presión horrorosa”, lo que, a su juicio, evidencia un ambiente de intimidación institucional que pone en riesgo la integridad del proceso electoral.

En su publicación, Cálix envió un mensaje directo a Nasry “Tito” Asfura y Salvador Nasralla, advirtiendo que el fallo del TJE —que el MP pretende anular— podría ser el antecedente legal que cualquiera de ellos necesite para ser declarado ganador en las próximas elecciones.

Según el diputado, la estrategia consiste en impedir que el consejero Marlon Ochoa se siente en el pleno del CNE, lo que dejaría sin quórum a las otras dos consejeras y bloquearía la declaratoria oficial de resultados.

Finalmente, Cálix se solidarizó con los magistrados Flores y Barahona, calificándolos como “paladines de la democracia” y concluyó con un llamado urgente: “Tenemos que frenar el golpe electoral que está fraguando el familión”.

Este pronunciamiento se suma a una serie de tensiones políticas que han marcado el ambiente preelectoral en Honduras, donde las instituciones encargadas del proceso enfrentan crecientes cuestionamientos y presiones.