La Bancada del Partido Liberal de Honduras en relación con el proceso de juicio político contra el Fiscal General de la República.

Los 41 diputados miembros de la Bancada del Partido Liberal de Honduras, en ejercicio de su responsabilidad histórica y compromiso con el Estado de derecho, se dirige al pueblo hondureño y a la comunidad internacional para fijar su posición respecto al proceso de juicio político iniciado contra el Fiscal General de la República.

La coyuntura actual no debe ser interpretada bajo una lógica de confrontación política, sino como una situación de carácter estrictamente institucional, que exige el apego a los principios constitucionales que rigen la organización y funcionamiento del Estado.

En el marco del proceso electoral, se observaron actuaciones atribuibles al Ministerio Público que generan una fundada preocupación por su compatibilidad con los principios de legalidad, objetividad, proporcionalidad e imparcialidad, entre las que destacan:

• La promoción de citaciones y acciones investigativas dirigidas contra consejeras del Consejo Nacional Electoral durante el desarrollo del proceso electoral.
• La intervención de instalaciones del órgano electoral en momentos críticos para la integridad y continuidad del proceso.
• La formulación de señalamientos públicos sin la observancia plena del debido proceso, sustentados en supuestos elementos probatorios de naturaleza no verificada, contra magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y Consejo Nacional Electoral.
• La adopción de medidas que derivaron en presiones de carácter penal sobre autoridades electorales, incidiendo en el normal ejercicio de sus funciones y obligando su operatividad fuera de sus instalaciones institucionales.

Estos elementos, analizados en su conjunto, permiten inferir un posible ejercicio selectivo del poder punitivo del Estado, incompatible con los estándares que rigen un sistema democrático y el respeto irrestricto al Estado de derecho.

El juicio político, como figura prevista en el ordenamiento constitucional, constituye un mecanismo legítimo de control y rendición de cuentas de los altos funcionarios públicos. Su activación responde a la necesidad de preservar el equilibrio institucional y garantizar que el ejercicio del poder público se someta a los límites establecidos por la Constitución y las leyes de la República y que los hechos no se repitan en las próximas elecciones.

En consecuencia, dicho proceso no puede ni debe ser calificado como un acto de persecución política, sino como una manifestación del principio de responsabilidad en el ejercicio de la función pública de los y las diputadas del Congreso Nacional.

El Partido Liberal de Honduras reitera que la independencia, objetividad y autonomía del Ministerio Público constituyen pilares fundamentales para la vigencia del Estado de derecho. Sin instituciones sólidas, imparciales y sujetas a mecanismos efectivos de control, se debilita la democracia y se profundiza la impunidad.

En ese sentido, exhortamos a todos los actores institucionales a actuar con estricto apego a la Constitución, a la ley y a los principios democráticos que deben prevalecer en toda sociedad.

Tegucigalpa, 23 de marzo de 2026

BANCADA DEL PARTIDO LIBERAL