La ATIC secuestra documentos en Sedesol por presunto desvío de fondos públicos
Tegucigalpa, 2 de julio de 2025 — Fiscales del Ministerio Público y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) realizaron este miércoles un operativo en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como parte de las investigaciones por el escándalo conocido como el “cheque video”.
La acción incluyó el secuestro de documentos y revisión de expedientes relacionados con ayudas sociales, con el objetivo de verificar si fondos públicos fueron desviados para fines políticos.
🚨❗#ÚLTIMAHORA | Ministerio Público solicita información a SEDESOL y otras instituciones, para indagar sobre fondos departamentales.👇 pic.twitter.com/oEEc1R2b2k
— TSiHonduras (@TSiHonduras) July 2, 2025
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que la inspección busca esclarecer cómo se otorgaron los recursos y si estos fueron utilizados para beneficiar al partido oficialista, Libertad y Refundación (Libre).
El caso gira en torno a un video filtrado en el que aparecen el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, y la diputada y vicepresidenta del Congreso, Isis Cuéllar, discutiendo sobre la supuesta asignación de millonarios fondos públicos para actividades proselitistas en Copán. La difusión del video provocó la renuncia de Cardona el pasado viernes, aunque diversos sectores han calificado la medida como insuficiente.
🚨🗣️"El MP tuvo que haber ido al CN a secuestrar cualquier tipo de documentación que tuviese en su poder la diputada Isis Cuellar"
— TSiHonduras (@TSiHonduras) July 2, 2025
Hugo Maldonado, presidente CODEH. pic.twitter.com/m1qouWt43b
En paralelo, agentes de la ATIC también realizan inspecciones de campo en Copán, para constatar si las donaciones entregadas por los investigados llegaron efectivamente a los beneficiarios o si fueron utilizadas con fines políticos.
El escándalo ha generado una ola de críticas hacia la gestión de fondos públicos y ha reavivado el debate sobre la transparencia en el uso de recursos estatales. Organizaciones civiles y figuras políticas han exigido que se profundicen las investigaciones y se presenten requerimientos fiscales contra los responsables.
