La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha admitido diligencias prejudiciales contra un grupo de diputados y exdiputados señalados por su presunta implicación en delitos de malversación de fondos públicos, corrupción y lavado de activos, los cuales habrían ocasionado un impacto negativo en la economía del país.

Según información revelada, el pasado 13 de enero, la abogada Kenya Patricia Reconco, asignada como Agente de Tribunales de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), presentó una solicitud ante la CSJ para juramentar a un perito especializado.

Este experto tendrá la tarea de analizar el contenido de 104 discos compactos que forman parte de las pruebas recopiladas en las investigaciones en curso. Los archivos serán sometidos a una auditoría forense para esclarecer los hechos denunciados.

Además, la UFERCO ha solicitado que el proceso se lleve a cabo bajo estricta reserva, con el objetivo de proteger la integridad de la investigación. Entre los nombres de los investigados destacan figuras como Milton de Jesús Puerto, Dennis Antonio Sánchez Fernández, Fabricio Puerto Oseguera, Hernán Enrique Vindel Mourra, José Rodney Bautista Posadas, Manuel Iván Fiallos, Juan Carlos Valenzuela, Román Villeda Aguilar, Víctor Rolando Sabillón Sabillón, Yaudet Burbara Canahuati, Welsy Milena Vásquez, Audelia Rodríguez Rodríguez, Augusto Domingo Cruz Asencio, Antonio Rivera Callejas, Allan Arony San Martín Vallejo, Estela Lisseth Muñoz, Geovanny Castellanos Deras, Jeremías Castro Andrade, Kenia Xiomara Reyes Vargas, María José Panchame Osorio, Leana Lizeth Lagos, Jessy Carolina Lagos Núñez y Evelyn Johanna Ortiz Romero, entre otros.

Las investigaciones continúan su curso, mientras la CSJ y la UFERCO trabajan en conjunto para determinar las responsabilidades de los implicados en este caso que ha generado gran atención pública.