Una indagación realizada por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Honduras reveló hoy que reclusos relacionados con las pandillas en cárceles del país han sido sometidos a palizas y otros maltratos por parte de la policía militar.

Esto ocurrió después de que el Gobierno transfiriera el control del sistema penitenciario a la policía militar el pasado junio, según la investigación.

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«Los reclusos también han sido privados del sueño y se han recortado sus raciones de alimentos y agua, lo que puede equivaler a malos tratos», dijo en una conferencia de prensa la portavoz del organismo, Marta Hurtado.

A continuación, instó al Gobierno a garantizar una supervisión interna y externa de las operaciones militares en las prisiones para prevenir violaciones de los derechos humanos.

«Las denuncias de uso excesivo e innecesario de la fuerza deben ser investigadas con prontitud», recalcó Hurtado.

El organismo reconoció que urge dar solución a los altos niveles de violencia en el país en general y dentro de las prisiones, en particular, pero alertó de que algunas de las medidas que se han tomado pueden dar lugar a abusos

El Ejecutivo hondureño extendió esta semana por 45 días el estado de emergencia, decretado inicialmente el pasado diciembre, para luchar contra la extorsión y el crime organizado, pero la ONU recordó que este tipo de medidas deben realizarse de forma excepcional y durante un tiempo limitado.

El estado de emergencia en Honduras permite que la policía militar apoye a la nacional en tareas de orden público y deroga los derechos individuales a la libertad, de reunión, de asociación y movimiento, al tiempo que permite los arrestos y los allanamientos sin orden judicial.

Las autoridades anunciaron la transferencia del control de las prisiones a la policía militar en el contexto de reyertas en una cárcel de mujeres, donde 46 reclusas murieron en enfrentamientos entre miembros de bandas rivales.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU defendió que las cárceles deben estar bajo control civil y que todo lo que se haga para preservar su seguridad debe basarse en los estándares internacionales de derechos humanos. (swissinfo.ch)