La SIP denuncia riesgos y hostilidad contra periodistas en Honduras


La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este viernes que el trabajo de los periodistas y el personal de los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, se ha vuelto más complejo y riesgoso debido a la intolerancia y la conducta hostil de diversos funcionarios del Gobierno.

En su informe, aún pendiente de aprobación, la SIP señaló que el Mecanismo Nacional de Protección a periodistas y defensores no ha logrado garantizar la justicia ni la rendición de cuentas por los crímenes y amenazas contra periodistas, comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos. Además, destacó que desde el poder se realizan ataques a periodistas y medios que informan sobre la administración de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

La SIP resaltó que el Mecanismo Nacional de Protección, creado en 2015, está desarticulado, con largos retrasos en la respuesta y evaluaciones de riesgo inadecuadas.

Esto ha llevado a que muchos periodistas se autocensuren o huyan del país para protegerse a sí mismos y a sus familias.

Durante una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2023, el Mecanismo Nacional de Protección reportó 185 casos activos, aunque seis casos con medidas cautelares otorgadas por la CIDH absorbían el 83% de su presupuesto.

La relatora especial de la ONU, Irene Khan, también destacó los altos riesgos de violencia y acoso que enfrentan los hondureños que trabajan en temas relacionados con la tierra, el medio ambiente, la corrupción y el crimen organizado.

La SIP también mencionó el asesinato del ambientalista hondureño Juan López el 14 de septiembre, quien contaba con medidas cautelares de la CIDH.

Muchas organizaciones reclamaron a la presidenta Castro por este asesinato y pidieron mejorar el mecanismo de protección.

El informe de la SIP añadió que el 24 de septiembre se anunció el cierre del noticiario y foro de análisis «Interpretando la Noticia» en Radio Globo, debido a presiones y amenazas del gobierno contra el propietario.

El programa era propiedad del periodista David Romero Ellner, quien falleció en 2020 al contraer Covid-19 en la cárcel, donde cumplía una condena de 10 años por calumnia y difamación contra una exfiscal.

La SIP está formada por los dueños de los medios de comunicación.

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