*** Advirtió que el Poder Legislativo no validará el proceso electoral y aumenta el rechazo

Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, reiteró este miércoles que las elecciones generales de 2025 “carecen de validez democrática y jurídica”, pese al rechazo que han generado sus declaraciones en distintos sectores políticos y sociales.

La Comisión Permanente del Congreso, integrada por nueve diputados afines al oficialismo, respaldó el discurso del Partido Libertad y Refundación (Libre) al señalar que el proceso electoral estuvo marcado por irregularidades y presiones externas e internas.

En conferencia de prensa, Redondo denunció la existencia de un “golpe electoral en curso”, asegurando que se materializó mediante acciones que vulneraron la transparencia y las atribuciones constitucionales. Según el titular del Legislativo, el sistema de transmisión de resultados preliminares (TREP) no funcionó conforme a lo establecido, lo que coincide con denuncias y audios difundidos en los últimos días.

Asimismo, advirtió que el Poder Legislativo no validará el proceso electoral del 30 de noviembre, al que calificó como “manchado por presiones internas y externas”.

Críticas a la injerencia extranjera

El presidente del Congreso condenó lo que calificó como injerencia del mandatario estadounidense Donald Trump, a quien acusó de coaccionar a los hondureños para votar por un candidato específico y de utilizar el indulto a Juan Orlando Hernández como “moneda de cambio electoral”.

“Honduras no aceptará injerencia extranjera de ningún país y de ningún tipo, mucho menos aquellas que se pretenden imponerse sobre la voluntad popular y modificar el resultado natural de las urnas”, enfatizó.

Redondo también señaló que el proceso estuvo manchado por la influencia de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico, lo que, a su juicio, afectó la libertad de los electores. “Un pueblo no vota con libertad si es amenazado”, sostuvo.

Finalmente, solicitó a las misiones de observación electoral que incluyan en sus informes un análisis detallado de las amenazas, las fallas del TREP y las decisiones administrativas que afectaron la verificación biométrica.