El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no se presentó a declarar como testigo en la audiencia inicial relacionada con el caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pese a haber sido citado por un juez para rendir su testimonio.

Redondo había sido convocado junto al exsecretario del Congreso, Carlos Zelaya, en el proceso judicial que investiga un supuesto desfalco de 6,032,654.07 lempiras en el manejo de fondos públicos.

De acuerdo con la información presentada durante la audiencia, el titular del Poder Legislativo no respondió a llamadas telefónicas, mensajes ni a los edictos emitidos para notificarle sobre su obligación de comparecer ante el tribunal.

Previo al inicio de la continuación de la audiencia, el exministro de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, lamentó la ausencia del funcionario y señaló que desconocen las razones por las cuales no atendió el citatorio judicial.

“Desconozco los motivos y no entiendo cuál es la estrategia que él tiene para no venir, ya que todo ciudadano que es requerido por un tribunal debe atender ese llamado”, expresó Cardona.

El exfuncionario agregó que esperaban que Redondo mostrara un compromiso con la transparencia, recordando que durante su trayectoria política se presentó como un diputado con discurso anticorrupción.

Cardona también indicó que intentó comunicarse con el titular del Congreso Nacional, pero aseguró que no obtuvo respuesta ni información sobre su paradero.

Durante sus declaraciones, el exministro afirmó que Redondo habría tenido participación en la autorización de los fondos investigados, señalando que los documentos eran firmados por él y que más de 70 diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) habrían estado vinculados con esos recursos.

Asimismo, explicó que el programa de Sedesol manejaba un fondo aproximado de 950 millones de lempiras para un período de tres años, aunque aseguró que la institución registraba bajos niveles de ejecución presupuestaria.

El proceso judicial continúa mientras las autoridades analizan los testimonios y pruebas presentadas en el caso que investiga el presunto uso irregular de recursos asignados a proyectos sociales.