Este jueves se cumple un año desde la trágica masacre en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), cerca de la capital hondureña, donde 46 mujeres fueron asesinadas. Aún hoy, los familiares de las víctimas claman por justicia y la verdad sobre lo sucedido.

El 20 de junio de 2023, una reyerta, aparentemente entre integrantes de dos pandillas enemigas, dejó a 23 mujeres muertas por armas de fuego y blancas, mientras que las otras 23 fallecieron debido a quemaduras en un incendio. Doce meses después, el Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público no ha logrado identificar el cuerpo de una de las víctimas.

Las autoridades hondureñas, incluida la Fiscalía y la Dirección Policial de Investigaciones, calificaron el hecho como un «planificado» ataque por pandilleras de la mara Barrio 18, también internas en Cefas. Sin embargo, dos días después de la masacre, la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, afirmó que el ataque fue planificado tanto dentro como fuera de la prisión y que algunas armas y municiones utilizadas pertenecían a la Policía hondureña.

La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, subrayó que la masacre de las 46 mujeres evidencia la incapacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de la población penitenciaria. «Esto muestra un sistema penitenciario débil que no funciona en materia de seguridad, ni en las condiciones y trato que deben recibir las personas privadas de libertad», destacó Izaguirre.

La Defensora del Pueblo ha instado a las autoridades a llevar a cabo una «investigación seria, independiente, exhaustiva y oportuna» para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales. Sin embargo, lamentó que hasta la fecha «no hay avances sustanciales en las investigaciones ni en la persecución de los implicados».

El Ministerio Público ha presentado requerimientos fiscales contra 16 pandilleras de la mara Barrio 18, todas presas, en relación con la masacre.

Fernando González, abogado que representa a siete de las familias de las víctimas, afirmó que las familias ya han agotado las instancias judiciales nacionales y ahora recurrirán a la vía internacional. «La única opción que queda es interponer denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que el Estado sea sancionado e indemnizado», advirtió González.

Izaguirre también advirtió sobre la «responsabilidad internacional» que podría enfrentar Honduras por la violación de derechos humanos y el posible pago millonario a las familias de las víctimas.

En el año transcurrido desde la masacre, la crisis en los centros penales hondureños persiste. Izaguirre enfatizó la necesidad de una «política penitenciaria integral» y una «voluntad política real» para abordar la situación de los centros penales. Desde 2023 hasta junio de 2024, cerca de 90 presos han muerto bajo custodia de agentes de seguridad en Honduras.

La masacre en Cefas, que también resultó en la destitución del ministro de Seguridad Ramón Sabillón, sigue siendo una herida abierta para los familiares de las víctimas, quienes exigen conocer la verdad y ver a los responsables llevados ante la justicia.

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