El asesinato de decenas de mujeres en la única prisión femenina de Honduras ocurrió en un contexto de creciente tensión entre pandillas que había sido subestimado por las autoridades.

En la mañana del 20 de junio, un grupo de mujeres presuntamente vinculadas a la pandilla Barrio 18 incendiaron un módulo de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, Honduras y dispararon armas de fuego contra otras mujeres, resultando en la muerte de al menos 46 mujeres, según confirmó el Ministerio Público del país a través de su cuenta de Twitter. 

CLÍCK AQUÍ PARA RECIBIR NOTICIAS

La mayoría de ellas murieron calcinadas en el módulo designado específicamente para la MS13, una de las pandillas más poderosas de Centroamérica. El lugar habría quedado completamente destruido tras el incendio, según funcionarios del penal contactados por InSight Crime. Sin embargo, también fueron acribilladas otras mujeres que no pertenecían a alguna pandilla. Los medios hondureños reportaron además siete mujeres heridas que fueron trasladadas de emergencia al hospital más cercano. 

Con los testimonios de una de las sobrevivientes y de Dania Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de la Libertad, varios medios hondureños reportaron que se utilizaron armas de alto calibre, explosivos y machetes durante el violento episodio. Sin embargo, las autoridades no han dado una versión oficial al respecto.

Como respuesta a la masacre, la viceministra de seguridad Julissa Villanueva declaró estado de emergencia y autorizó la intervención de la Policía Nacional de Honduras, bomberos y fuerzas armadas para controlar la situación en el penal.

“Lo ocurrido hoy es producto del ataque del crimen organizado”, dijo Villanueva a periodistas durante una conferencia de prensa.

Por su parte, la presidenta Xiomara Castro destituyó al secretario de seguridad Ramón Sabillón.

Este incidente se perfila como la masacre más mortífera en una prisión femenina en Latinoamérica y ya es la segunda masacre ocurrida en la PNFAS en los últimos años. En mayo de 2020, pandilleras del Barrio 18 asesinaron a seis mujeres de la MS13. En aquel momento, la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario afirmó a InSight Crime que estos actos de violencia eran poco frecuentes, ya que las mujeres de la prisión se consideraban «una población pasiva».

Análisis de InSight Crime

Las autoridades carcelarias en la región suelen subestimar el papel de las mujeres en ejercer violencia. La PNFAS ha sido evidencia de que este estereotipo puede tener costos letales.

InSight Crime visitó la PNFAS en abril de este año y entrevistó a 30 reclusas de diversos módulos, así como al personal administrativo. Durante ese tiempo, el equipo pudo constatar que la violencia entre pandillas es constante y que la tensión entre ambos bandos se estaba acumulando.

De hecho, la visita de InSight Crime al penal ocurrió solo unos días después de una serie de enfrentamientos entre la MS13 y el Barrio 18 en penales varoniles, incluyendo la Penitenciaría Nacional, que se encuentra a un par de kilómetros de la PNFAS. Eso llevó a las autoridades a prolongar un estado de excepción y autorizar la intervención militar en esos centros. Sin embargo, esta estrategia no se replicó en la PNFAS, a pesar de que tanto las reclusas como algunos miembros del personal temían que la violencia pudiera escalar.

“Tenemos miedo, no dormimos. Este penal es como una bomba de tiempo”, dijo en ese momento a InSight Crime una pandillera de la MS13 que no sobrevivió a la reciente masacre.

El Barrio 18 es la pandilla con mayor dominio en la PNFAS. Están presentes en cuatro de los 12 módulos del penal y presuntamente tienen informantes en el resto, según las reclusas. Además, durante la visita pudimos constatar que las cabecillas de esta estructura suelen tener la libertad de caminar por los pasillos, algo que otras privadas no pueden hacer. 

Después de la masacre de 2020, todas las mujeres vinculadas a la MS13 fueron recluidas en el Módulo 1, que se encuentra aislado de las otras secciones del penal. Hasta hace unos días, poco más de 100 mujeres vivían hacinadas, sin poder salir del módulo y con poca o nula comunicación con las autoridades. Algunas de ellas eran pandilleras activas, otras se habían retirado y una minoría estaba recluida ahí por provenir de un barrio en donde domina la MS13, sin haber sido parte de la pandilla.

Una gran parte de estas mujeres ya había recibido intimidaciones y amenazas verbales por parte del Barrio 18, y consideraban que las autoridades no estaban haciendo lo suficiente por protegerlas.

“[A las autoridades] no les preocupa este penal», dijo en abril a InSight Crime una expandillera de la MS13, quien fue una de las mujeres heridas durante el reciente incidente. «Aquí tenemos a personas de la tercera edad, en silla de ruedas y embarazadas. Si algo pasa, ¿ellas cómo van a correr?”.  (insightcrime)